La oferta pública de concursos, por tradición, siempre ha sido un atractivo como generador de oportunidades de negocio. Desde 2017, con los cambios en la regulación de la Ley de contratos del sector público, la Administración se ha convertido en una oportunidad aún más seductora. Desde entonces, la ley obliga a dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento, los criterios de solvencia son menos exigentes y se sustituye como criterio de adjudicación “la oferta económica más ventajosa” por el criterio de “la mejora en relación con la calidad y el precio”, y se han reducido las cargas burocráticas. Es decir, en términos generales, se ha facilitado el acceso a la licitación pública.
La actual situación de incertidumbre provocada por la COVID-19 afecta especialmente al sector privado, con lo que la contratación pública se convierte, todavía más, en una oportunidad sólida para generar oportunidades de negocio solventes y con garantías de futuro. En pocas palabras, una importante fuente de ingresos en un periodo económico que se prevé harto tortuoso.
Pese a las facilidades y simplificaciones introducidas en los últimos años, algunas empresas todavía recelan de acercarse a la Administración Pública porque les resulta complejo o farragoso optar a las licitaciones. Sin embargo, enrocarse en esta actitud supone perder grandes oportunidades de negocio. Y más aún en esta época venidera, en la que se vislumbra como una verdadera impulsora de la economía en los próximos años.
A modo de resumen simplificado, el sector Público en España se configura en tres grandes bloques: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales (Ayuntamientos, cabildos, diputaciones, etc.). En todos los casos, están definidas unas normas muy claras para sus compras, basadas en tres principios básicos: transparencia, igualdad de trato y no discriminación. Esto significa que, si nuestra empresa dispone del producto o servicio que demanda el cliente, somos candidatos para poder vender en igualdad de condiciones con cualquier otra empresa competidora. Sea la que sea.
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Europa estimula el sector público
La Unión Europea acaba de dar el último impulso al sector público como el gran dinamizador de la economía en los próximos años a través del Plan de Recuperación para Europa, diseñado para paliar los efectos de la pandemia. Se trata de una iniciativa configurada en dos pilares: el primero es el Next Generation EU, un nuevo instrumento de recuperación dotado con 750.000 millones de euros, que destinará al presupuesto de la UE una nueva financiación obtenida en los mercados financieros durante el periodo 2021-2024. De esa cuantía, España recibirá aproximadamente 140.000 millones.
En segundo lugar, la Unión Europea ha elaborado un presupuesto a largo plazo reforzado para el periodo 2021-2027, con una dotación de 1,1 billones de euros.
En este sentido, el Gobierno de España ha de elaborar y presentar a la Comisión Europea el Plan Nacional de Reformas e Inversiones 2021-2023, que debe recoger el destino previsto para los 125.460 millones de euros previstos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para España.
En resumen, la Unión Europea está dispuesta a impulsar el sector público como demuestra este desembolso, que estará especialmente enfocado en tres áreas: la transición ecológica (el llamado ‘Pacto Verde’), la transición digital y la reindustrialización.
La licitación, obligada para el negocio
Considerado el escenario, acercarse al sector público debería configurarse casi como una exigencia para cualquier departamento de desarrollo de negocio, porque la Administración no es un solo cliente, sino muchos a la vez. Y es que ofrece oportunidades para ofertar y, por lo tanto, de abrir nuevas expectativas. Asimismo, en su conjunto, es el mayor comprador del mercado; de hecho, para finales de 2020 supondrá aproximadamente un 51% del PIB español. Además, el presupuesto de compra del sector público es bastante estable año tras año, lo que puede ayudar a afianzar las ventas respecto al total del negocio. Al mismo tiempo, el pago al proveedor está comprometido en su presupuesto, con lo que el riesgo de cobro se minimiza considerablemente.
Aunque paulatinamente se van incorporando facilidades para acceder a la licitación pública, es cierto que presentar una oferta todavía puede resultar demasiado enredado para aquellos menos duchos en la materia.
Vistas las ventajas que ofrece acercarse al sector público, parece evidente que merece la pena buscar colaboración o asesoramiento para completar la oferta y optar a interesantes oportunidades de negocio. Existen empresas dedicadas a ese acompañamiento completo en el proceso de licitación, las cuales pueden convertirse en el mejor socio para conseguir ese cliente solvente y estable que es la Administración Pública. Porque, dentro del drama que supone esta crisis, en estos términos, el coronavirus ha reafirmado el atractivo de las licitaciones públicas para generar negocio.
