La Fundación I+E, entidad integrada por multinacionales de larga trayectoria en España, valora positivamente el crecimiento de la inversión empresarial en I+D en 2017, así como el hecho de que la innovación aumente su peso en la estructura productiva por primera vez en siete años. Y anima a un mayor esfuerzo público y privado para alcanzar el ritmo inversor de los países más avanzados de nuestro entorno.
De acuerdo con los datos provisionales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inversión de las empresas en I+D creció un 8,3% en 2017, se acercó a los 8.000 millones invertidos en 2008 y representó el 54,9% de la inversión total. Sumando el gasto público y privado, la inversión en I+D representa el 1,2% del PIB, una centésima más que en 2016, lejos todavía de la media europea (2,07%) y del objetivo marcado para España en 2020 (2%).
“El crecimiento de la inversión empresarial es una noticia alentadora que debe animarnos a seguir en la misma dirección y acelerar, porque los demás países no se van a parar”, ha señalado Helena Herrero, presidenta de la Fundación I+E. “El impulso público es necesario, pero son las empresas las que han de liderar el esfuerzo innovador, y estimamos que su inversión debería representar dos tercios del total. Para ello es necesario que se faciliten condiciones de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria que estimulen a las empresas que ya de por sí acometen riesgos al invertir. Y en el caso de las multinacionales, convencer a nuestras corporaciones de la idoneidad de España para seguir trayendo proyectos que nos sitúen en el mapa mundial de la innovación”.
La inversión privada en I+D es la que demuestra ser más efectiva en términos de creación de riqueza, conocimiento y empleo de calidad. Según Eurostat, Suecia, Austria, Alemania, Dinamarca y Finlandia lideran el ranking del gasto empresarial, que en esos países representa de media el 68% del total. Para estimular la inversión de las empresas e incrementar su peso específico en la innovación en España, las multinacionales de la Fundación I+E consideran necesarias las siguientes condiciones:
- Seguridad jurídica, que garantice a las empresas un entorno de país fiable y perdurable, en el que acometer grandes proyectos e inversiones.
- Mejoras en el marco de aplicación de los incentivos a la innovación y en la acreditación de proyectos de I+D+i.
- Reducción de cargas administrativas y mayor coordinación ministerial.
