La Comisión Nacional de la Competencia ha solicitado al Gobierno que suprima la adscripción obligatoria de las empresas a las Cámaras de Comercio, tal y como se establece en el Anteproyecto informado por el Consejo de Ministros, obligación que “no está en ningún caso justificada y no es más que una carga administrativa innecesaria y obsoleta”, según ha comentado la Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos en diversas ocasiones tras el conocimiento del texto del Proyecto.
Para UPTA, el Gobierno y las Cámaras no tienen otra intención que la de “mantener un sistema cameral inadecuado para los tiempos actuales. Sistema en el que no creen la mayoría de las empresas, en especial los autónomos, que nunca han podido contar con sus servicios pero que han venido durante años pagando una cuota cameral obligatoria que ha podido representar más de cien millones de euros en los últimos veinte años”, explica el secretario general de la Organización, Sebastián Reyna.
Por otra parte, el Informe de la Comisión de la Competencia denuncia que puede producirse una ruptura de la neutralidad al mantener el carácter público de estas entidades al tiempo de concederle posibilidades de ofrecer servicios al mercado que prestan otros profesionales y las entidades asociativas privadas.
“El Proyecto intenta mantener la exclusiva de las Cámaras en el acceso a determinas subvenciones y servicios públicos a costa de la legítima representación colectiva de las empresas y de los autónomos”, explican desde UPTA. En este sentido, el Informe conmina al Gobierno a que elimine del Proyecto los efectos discriminatorios y las asimetrías entre competidores.
Por otra parte, UPTA ya ha denunciado que en caso de que se continúe con esta tendencia del Proyecto, “las organizaciones de autónomos deben participar activamente en los órganos de control y decisión de las Cámaras en representación de su colectivo, y denuncia la exigua participación prevista de un representante en el Pleno de la Cámara nacional, como ahora prevé el Anteproyecto de Ley”.
