La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), en la reunión que mantuvo ayer con Antonio Beteta (secretario de Estado de Administraciones Públicas) y su equipo, ha trasladado al Gobierno la que puede ser una solución factible para que pymes y autónomos no se vean obligados a anticipar el IVA de las facturas que aún no han cobrado, unos 800 millones de euros anuales, según fuentes oficiales.
“Con el objetivo de salvaguardar los intereses de estos colectivos frente a la rampante morosidad, hemos diseñado una alternativa que sustituye el criterio de devengo por el de caja en la liquidación del IVA de pymes y autónomos recurriendo a soluciones ya utilizadas por la Agencia Tributaria que permiten eludir los problemas técnicos que retrasan la implantación”, explica el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Esta iniciativa produciría una “incidencia inmediata” sobre la liquidez de los proveedores, ya que éstos no necesitarían anticipar un IVA no cobrado y, además, contribuirá a la reducción de los plazos de pago y del número de impagados, porque “el cliente preferirá adelantar el pago a tener que devolver a la Agencia Tributaria un IVA incorrectamente desgravado, incrementado además con los intereses de demora”, asegura.
La solución propuesta por la PMcM consiste en aplicar el principio de inversión del sujeto pasivo (tal y como ha tenido lugar recientemente con la Ley 7/2012, que ha modificado la Ley 37/1992, en su art. 84. Uno. 2º f), de modo que el deudor moroso destinatario de la operación pasará a ser el obligado tributario para la liquidación del IVA de las facturas que ha impagado, en lugar del emisor de las mismas. Así, la Agencia Estatal de Administración Tributaria podría reclamar directamente el pago de dicho IVA al destinatario de la operación. Con esta iniciativa se podrían detectar empresas morosas porque permitiría a la Agencia Tributaria conocer a aquellos contribuyentes que se han desgravado un IVA que no han pagado.
Durante el encuentro en el Ministerio, Cañete también ha trasladado al secretario de Estado de Administraciones Públicas su recomendación sobre que “ahora es el momento idóneo para introducir mejoras en la legislación que aseguren el cumplimiento de la Directiva Europea”, cuya entrada en vigor se producirá el próximo marzo.
Asimismo, la PMcM también ha dejado sobre la mesa una batería de propuestas, entre otras, establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros; la creación del Observatorio de la Morosidad, que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.
