El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un conjunto de medidas que obligan a un colectivo de trabajadores autónomos, cuyo número es todavía indeterminado, pero que puede ascender a 50.000, a verse obligados a abandonar el sistema de declaración objetiva por módulos, sistema que han utilizado durante años y que ha tenido un resultado bastante positivo, tanto para mantener un nivel de recaudación satisfactorio, como para evitar mayores complejidades administrativas a estos trabajadores.
Según UPTA, “la decisión del Gobierno tiene el defecto sustancial de haberse realizado de forma unilateral, sin tener en cuenta la propuesta reiterada esta organización y otras asociaciones del sector, de abordar una reforma integral del sistema, para hacerlo más justo, pero al tiempo eficiente económicamente”. Para la patronal, se trata de una “decisión de gabinete y que demuestra desconocer gran parte de la realidad del trabajo autónomo afectado, particularmente por lo que se refiere al sector de los instaladores, encargados de mantenimiento y reparaciones, así como para el transporte ligero de mercancías fraccionadas“.
Según los datos aportados por UPTA, la medida afecta al grupo de autónomos que factura un 50% a otras empresas, sin tener en cuenta que en muchas ocasiones los autónomos deben facturar a los intermediarios que monopolizan el mercado, aunque sus servicios lo sean finalmente para los particulares. Este es el caso de los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADES), en particular en el sector del transporte ligero, los llamados ‘furgoneteros’, que trabajan casi en exclusiva para una sola empresa de distribución a la que facturan. Situación parecida sufren los instaladores y encargados de reparaciones que trabajan en dependencia de empresas de multiservicios.
Sebastián Reyna, secretario general de UPTA, ha asegurado que propondrá al Gobierno “que en todo caso deje fuera de la exclusión a todos los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADES)”.
Por otra parte, la condición de tener un rendimiento íntegro inferior a 50.000 euros anuales, tampoco está ajustada. “Sería socialmente más justo relacionar esta limitación con el rendimiento íntegro minorado con los gastos fiscalmente deducibles y en particular con los de Seguridad Social. Son muchas las actividades que necesitan de una alta facturación para llegar a rendimientos netos suficientes, más aun cuando las empresas exigen que el autónomo que trabaja para ellas asuma y adelante todos los gastos necesarios para el mantenimiento de la actividad”.
Sebastián Reyna ha insistido que “UPTA siempre colaborará en la aplicación de todas las medidas que limiten la posibilidad de fraude, pero siempre que estas sean establecidas teniendo en cuenta un resultado equitativo y recuerda al Gobierno que el verdadero fraude no está en los autónomo, declaren o no por módulos, sino en las grandes operaciones y en la economía no declarada, que es sobre la que hay que actuar prioritariamente”.
En todo caso, UPTA se ofrece al Ministerio de Hacienda para revisar esta decisión, ajustándola más a la realidad de los sectores económicos afectados.
