Algunos indicadores del mercado laboral recuperan niveles previos a la pandemia. Así lo reflejan los datos de afiliación y de paro registrado correspondientes al mes de mayo publicados hoy por la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo. En concreto, los 19.267.221 afiliados a la Seguridad Social que ha habido, de media, durante el mes de mayo suponen una cifra ligeramente superior a la de febrero de 2020 (19.250.229), justo antes de que la COVID-19 irrumpiera en España.
En cuanto al paro registrado, el mes de mayo ha dejado 129.378 parados menos q
ue los que había en abril, un descenso del 3,3 %. La cifra de parados se sitúa, así, en lo 3.781.250 personas.
La estacionalidad —de marzo a junio son los meses en los que históricamente se crea más empleo—, el levantamiento de muchas restricciones en diversos territorios tras el fin del estado de alarma y las expectativas respecto a los meses venideros son las claves que explican estos buenos datos.
Pero la comparación interanual, a dos años vista, demuestra que todavía no se ha recuperado todo el empleo perdido. Las cifras muestran una diferencia de 175.000 afiliados menos que en mayo de 2019.
La tendencia de aceleración económica que varios indicadores están mostrando en esta primera mitad del año permiten augurar que la afiliación alcance antes de que acabe este 2021 el nivel de 2019. Pero esa no es la única variable a la que prestar atención.
El futuro incierto de las personas en ERTE
Además de este dato de recuperación de la afiliación media mensual, la actualidad del mercado laboral en España también pasa por la recientemente aprobada prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre.
Estas cifras de afiliación incluyen a las 573.489 personas que continúan afectadas por algún Expediente de Regulación Temporal de Empleo y para las que el futuro es incierto. La tendencia en este aspecto también es a la baja, pero no es descartable que, a medio plazo, alcance un suelo en el que se estabilice: un determinado número de personas —esperemos que lo más reducido posible— no regresarán a su puesto de trabajo porque su empresa habrá echado el cierre. El gobierno y los agentes sociales también tendrán que pactar un plan para cuando llegue ese momento.
