El presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Díez de los Ríos, criticó este jueves que las administraciones públicas “sigan sacando concursos con un precio de licitación que no cubre los costes laborales”, aunque confió en que esta práctica se vea reducida a partir de ahora con la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.
Díez de los Ríos hizo estas declaraciones durante su intervención en el primer Simposio de la Limpieza Profesional Sostenible que se celebra esto días en Madrid en el marco del Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles y de la feria de limpieza Es Clean.
El presidente de Aspel, que participó en una mesa redonda sobre los pros y los contras de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, estuvo acompañado por Jesús Vidart, director general de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid; Lucía Campos, representante de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda
Además, estuvieron presentes el presidente de AFELIN, Jesús Martínez; la presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, Elena Hernáez, y la directora general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Fernández.
Durante su intervención, Díez de los Ríos manifestó que, en un sector como el de la limpieza, intensivo en mano de obra, “es muy importante que los costes laborales queden cubiertos”. “Queremos competir dentro de nuestro margen, pero no en contra y a costa del trabajo”, indicó Díez de los Ríos, para quien la nueva ley servirá “para regular mucho más el sector”.
Asimismo, el presidente de Aspel lamentó que, a día de hoy, “siga habiendo pliegos con bolsas de horas gratuitas para la Administración, en los que se valora la prestación de horas sin precio”.
Visión de la Administración
Por su parte, Jesús Vidart hizo hincapié en los beneficios que la nueva normativa va a traer, ya que se trata de “una ley que va a perdurar en el tiempo, fruto del consenso de muchas organizaciones políticas y que ha salido adelante debido a la necesidad de trasponer dos directivas europeas”.
Entre sus ventajas, el representante del Gobierno regional apuntó al aumento de la transparencia y a un mayor acceso de las pymes a los concursos públicos, debido a la obligatoriedad de dividir en lotes el objeto de los mismos. Además, señaló la posibilidad de utilizar la contratación como “instrumento social”, al exigir contratar con empresas que tengan criterios adecuados tanto sociales como medioambientales.
En esta línea, Lucía Campos destacó igualmente la simplificación de trámites y la agilización de procedimientos, la posibilidad de utilizar la contratación pública como “palanca” para llevar a cabo otras políticas públicas, así como la profesionalización de la contratación por parte de todas las organizaciones del sector.
Los contras
Begoña Fernández fue la encargada de realizar una crítica constructiva de la nueva ley y de hablar de sus desventajas, entre las que destacó el nivel de complejidad del texto. “La ley obliga a los gestores públicos a llevar un proceso de implementación de la ley muy complejo. Se trata de una ley extensa, descompensada, que no codifica y que incorpora disposiciones adicionales que deberían de haberse incorporado dentro del articulado”, explicó.
