La banca española abre el grifo de crédito, con ayuda de fondos comunitarios, para las pequeñas y medianas empresas, en un momento en el que la financiación sigue siendo un aspecto clave. Para acceder a la línea de financiación de 4.000 millones de euros que ofrece el Banco Europeo de Inversiones a través de Santander, CaixaBank, Popular, Sabadell, Bankia y Bankinter, las firmas deben tener la condición de pymes, es decir, tener menos de 250 empleados y una facturación igual o menor a 50 millones o un balance que no supere los 43 millones.
Los préstamos, que tienen un importe máximo de 12,5 millones de euros por proyecto, sólo se conceden para nuevas operaciones. Es decir, una firma no puede pedir una reconducción o una reestructuración de otras deudas. Estas ayudas, que se enmarcan en el acuerdo que han firmado estos seis bancos con el BEI, el pasado 2 de octubre, para inyectar dinero en 40.000 pymes, están destinadas a actividades de innovación. Según Expansión.
Tipos de programas
Se financian todos los proyectos de expansión -tanto inversiones como la penetración en nuevos mercados o el desarrollo de productos-, las necesidades de capital circulante y el establecimiento de empresas.
España es el primer país europeo en el que se aplica la Iniciativa Pyme, un instrumento financiero que se aprobó en la Comisión Europea en 2014 para paliar las dificultades económicas que atraviesan las empresas. Este programa, considerado precursor del Plan Juncker, funcionará en todas las comunidades autónomas excepto Asturias y Navarra.
Este proyecto no requiere de cofinanciación nacional. Esto es, el Gobierno español no pondrá un céntimo. Las entidades que han suscrito el acuerdo con el BEI asumirán el 50% del riesgo de los préstamos.
Las actividades excluidas de esta financiación son producciones militares, promociones inmobiliarias, juegos de azar, producción y comercialización de tabaco, operaciones puramente financieras, tanto de compra de sociedades como de reestructuración financiera, entre otras. Los créditos deberán cumplir, además, con la normativa de las ayudas ‘mínimis’, aquéllas que conceden los Estados miembros de la Unión Europea a sus empresas, sin la obligación de comunicar con carácter previo a la Comisión Europea. Así, también se descartan áreas como la agricultura, la ganadería y la pesca.
