Consultores Argos, la firma especializada en la gestión de colegios privados y concertados, celebró ayer en su sede madrileña una mesa redonda cuyo tema central ha sido las consecuencias de la aplicación al ámbito de la enseñanza del Real Decreto 16/2013 de 20 de diciembre sobre cotizaciones a la Seguridad Social.
Los ponentes abordaron, entre otros asuntos, el impacto de la nueva normativa en la gestión de los colegios concertados-privados, a quién corresponde asumir el aumento de la nueva cotización a la Seguridad Social (en el caso de los colegios concertados) o cómo cuantificar beneficios sociales del comedor escolar, o material escolar para los hijos de los miembros o profesores del Colegio.
La mesa redonda fue presidida por Juan Carlos Vilar Manzanero, Consejero Delegado Consultores Argos, quien ha señalado que “mientras se clarifica la situación, los colegios tienen que hacer sus deberes y hacer sus cálculos de lo que podría costarles la medida”. También han tomado parte en la mesa Mariano Torija, miembro del departamento jurídico de CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza); Domingo CarbajoVasco, Inspector de Hacienda de la Agencia Tributaria; y la abogada especialista en Derecho Laboral Isabel Muñoz Vega de Abogados TDBM, además de diversos titulares de Centros concertados y privados.
Las conclusiones más destacadas de la mesa redonda han sido:
-La medida del Gobierno es formalmente correcta aunque se ha realizado sin diálogo social y está concebida para suplir un déficit presupuestario. Si bien con la misma también se tratan de corregir situaciones irregulares y problemas técnicos relacionados con las exenciones en los pagos en especie.
-A la hora de emitirla, el Gobierno no ha tenido en cuenta las especificidades del sector educativo ni ha calculado el impacto que la medida supondrá para los centros privados y concertados. El propio Ministerio de Educación se ha visto “descolocado” por las consecuencias de la normativa.
-En el sector educativo los beneficios sociales están recogidos por el propio convenio, por lo que la medida le afecta con mayor significancia y puede suponer unos costes no previstos para el sector de 300 millones euros.
-La valoración de aspectos considerados como retribución en especie, como los gastos de escolarización de los hijos de profesores y trabajadores de centros educativos, el comedor escolar o las actividades extraescolares viene a ser uno de los puntos de mayor dificultad en la aplicación del Real Decreto al ámbito de la enseñanza.
-La nueva normativa abre la puerta a que trabajadores de un mismo centro educativo de la misma categoría y antigüedad tengan bases de cotización distintas y gastos salariales absolutamente dispares en función de su situación familiar. Estas diferencias pueden derivar en un incremento de la conflictividad entre trabajadores. El Decreto Ley puede generar tensiones sociales, y problemas en las futuras negociaciones de los convenios colectivos.
-La nueva legislación “castiga” a las familias numerosas y puede condicionar las contrataciones de profesores y personal en los colegios, ya que los trabajadores sin hijos tendrán un menor coste laboral asociado.
-El sector espera que el Gobierno “recapacite” y espera, sino una vuelta atrás de la Ley, sí una renegociación y cambios que la suavicen y atenúen el impacto sobre los centros.
-Se ha creado una situación de incertidumbre acerca de quién debe asumir ese 31% extra en las cotizaciones sociales. En el caso de los colegios concertados, el sector entiende que el coste adicional debería ser soportado por las Consejerías de Educación, una partida que no figura en sus presupuestos y que afectará negativamente a su situación presupuestaria.
-La recomendación final es que los colegios “esperen” próximos acontecimientos. Mientras tanto, deben calcular muy bien las implicaciones e identificar y valorar con precisión las retribuciones y los costes salariales asociados a su personal.
