La CEOE estudia la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto-ley de subida del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor el pasado 3 de diciembre y con el que el Gobierno pretende recaudar 4.650 millones de euros adicionales en 2017. La patronal no ve justificada su aprobación por un decreto-ley urgente, que además modifica el hecho imponible del tributo y se aplica con retroactividad.
Además, considera que la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es “incompatible con la mínima seguridad jurídica necesaria” en toda actividad económica, pero especialmente exigible por los inversores nacionales o extranjeros.
La CEOE también critica el continuo cambio del Impuesto sobre Sociedades, ya que el decreto-ley de diciembre modifica otro que entró en vigor en 2013 y, entre tanto, el Gobierno aprobó una rebaja del tributo que se aplicó en 2015.
En cuanto a la deducción por doble imposición, entiende que si la misma viene garantizada por un convenio de doble imposición, no se puede limitar por una norma interna, al tiempo que supone un mayor gravamen para las empresas que obtienen resultados en el extranjero y como tal puede ser “incompatible” con la libertad de establecimiento en los estados miembros de la UE y con la libre circulación de capitales.
La patronal presidida por Juan Rosell denuncia la aplicación retroactiva de algunas de las medidas al ejercicio 2016, al considerar que es “incompatible” con la seguridad jurídica. Por último, afirma que es “absurdo” obtener recaudación imponiendo a las empresas una especie de “deuda forzosa” con Hacienda a través de los créditos fiscales que se generan o aplazan por la limitación de bases imponibles negativas. “Carece de todo sentido sustituir deuda pública por deuda forzosa distribuida caprichosamente entre las sociedades afectadas por las medidas”, concluyen.
