Ametic quiere reiterar su oposición frontal al canon por conexión a Internet de cada usuario, que gravaría a las operadoras con una tasa de 0,25 euros mensuales por cada línea contratada en Cataluña. Este impuesto se pretende que esté vigente antes del próximo verano después de que el Consejo Ejecutivo haya dado el primer paso al aprobar la memoria del proyecto de ley
La patronal tecnológica hace suya la postura de Sergi Casamitjana, director de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) de Terrassa, que considera que “corresponde al Departamento de Cultura de la Generalitat hacer una política responsable que favorezca el cine catalán y no dejar en manos de las operadoras de Internet la obtención de recursos.”
La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales insiste en que, de llegar a hacerse realidad esta tasa, tomará las decisiones y adoptará las medidas que entienda más oportunas en defensa de los interesas de sus asociados que en este caso son las compañías operadoras asociadas.
Igualmente, como ya han declarado las empresas que se verían afectadas, de aprobarse esta medida, teniendo en cuenta la información obtenida hasta la fecha y el texto definitivo, iniciarán acciones legales tendentes a su anulación, lo que harán ante las instancias jurídicas correspondientes, tanto a nivel autonómico como nacional y europeo.
Tasa rechazada por las operadoras
La nueva tasa que se pretende, que en modo alguno es aceptada por el conjunto de las compañías operadoras con base en Cataluña, es una muestra más de cómo a este sector se le intenta obligar a incurrir en unos costes innecesarios que nada tiene que ver con la prestación de servicios en condiciones económicas rentables.
La medida anunciada por el Gobierno catalán, de concretarse, supone un nuevo esfuerzo para un sector que ya hace frente a una severa presión fiscal con multitud de impuestos y tasas procedentes de distintas administraciones y organismos. No debe olvidarse que la imposición fiscal en el mercado de las comunicaciones electrónicas es la más elevada de todos los sectores económicos. De hecho, desde el año 2002, el sector de las comunicaciones electrónicas es el que soporta mayor presión en el Impuesto sobre Actividades Económicas. También ha de hacer frente a numerosas tasas nacionales, como la tasa por operador, por numeración o por la utilización del espectro radioeléctrico, junto con las tasas locales por utilización del dominio público y financiación del coste neto del servicio universal para la prestación de servicios en zonas no rentables, a lo que se unen ecotasas medioambientales en claro incremento.
Adicionalmente, el sector soporta tasas y tributos para atender a necesidades de terceros. Destacar de entre estas tasas u obligaciones las necesarias para financiar RTVE, 0,9% de los ingresos y 1,5% de los ingresos audiovisuales de los operadores de acceso condicional, impuesta por la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Español; y el 5% de los ingresos audiovisuales incluidos en la Ley General Audiovisual dedicada a financiar las producciones audiovisuales europea y española, que entendemos viene a cubrir lo que ahora pretende imponer la Generalitat.
Ametic considera que continuar incrementando cargas en el sector puede conducir a desincentivar la inversión para el despliegue de las nuevas redes fijas y móviles de alta capacidad, unas infraestructuras imprescindibles para contribuir a que España forme parte del nuevo ecosistema digital, y para el desarrollo de servicios que puedan prestarse a través de estas redes, siendo precisamente este despliegue dónde deben concentrase ahora todos los esfuerzos.
La Asociación quisiera, asimismo, poner de manifiesto que medidas como la que pretende la Generalitat son contrarias al espíritu del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que precisamente busca crear el marco adecuado para facilitar las inversiones necesarias para el desarrollo de la economía digital. En su opinión, este tipo de propuestas son contrarias a la unidad de mercado y a la simplificación administrativa que inspira esta norma. Y por supuesto, en ningún caso fomenta la inversión facilitando el despliegue de redes de nueva generación.
El despliegue de redes de banda ancha, como bien señala la Comisión Europea, deber ser alentado por los reguladores nacionales y no penalizado como está sucediendo en España. Anuncios recaudatorios como el ahora comentado, producen el efecto contrario a lo que se debería pretender, dificultan gravemente la creación de servicios de última generación y en modo alguno ayudan a la consecución de los objetivos de la Agenda Digital para España.
Por todo ello, Ametic quisiera manifestar, como representante del sector más interesado en el desarrollo de la economía digital y atendiendo a los argumentos expuestos, su más absoluto rechazo a este impuesto anunciado por el Gobierno catalán por considerarla injusto y arbitrario.
