La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) considera que el informe elaborado por la comisión de expertos designada por el Gobierno sobre la reforma integral de la fiscalidad en España supone “un avance en relación con el modelo actual, si bien se pierde la oportunidad de definir el marco fiscal más adecuado para el desarrollo de la actividad de las pymes y la mejora de su competitividad”.
Tras un primer análisis CEPYME ha destacado en un comunicado que comparte los principios generales del informe, ya que “contempla la fiscalidad como un instrumento al servicio de los objetivos de consolidación fiscal y de recuperación y reactivación de la actividad económica”. Sin embargo no considera que uno de los objetivos de la reforma fiscal pendiente en España deba ser el mantenimiento del volumen actual de ingresos públicos . “Mantenemos el criterio el criterio de que es principalmente el gasto público lo que debe adecuarse al volumen de ingresos posible. Un criterio que no se contradice con el acertado diagnóstico que se formula en el informe, que pone en evidencia la abultada desproporción existente entre los tipos impositivo s y de cotizaciones aplicados, excesivamente altos, con respecto a los resultados que ofrece el sistema recaudatorio”.
Por otro lado, lamentan que el informe de la comisión no haya profundizado en la definición del modelo más adecuado del Impuesto de Sociedades (IS) para las pymes. La propuesta sugiere una reducción escalonada de los tipos efectivos desde el 30% actual hasta el 20%, para todas las empresas, con una escala intermedia en el 25% , en un periodo de años no determinado, así como la eliminación de las deducciones y exenciones actualmente en vigor. “De llevarse a cabo la reforma del IS en estos términos, perjudicaría sin duda alguna a las pymes, en general, al menos durante ese periodo de reducción escalonada no determinado, puesto que el tipo efectivo actual ya se sitúa entre el 25% y el 20%”.
En cuanto a las deducciones y exenciones, la Confederación considera que deberían mantenerse aquellas que produzcan un impacto positivo en la actividad empresarial y en el empleo, “ya que al mismo tiempo generarán ingresos tributarios adicionales”.
