La multinacional Vortal, especializada en plataformas de contratación pública electrónica, ha elaborado un listado que recoge los diez principales problemas con los que se encuentran las pequeñas y medianas empresas españolas a la hora de acceder a los concursos públicos, entre los que destacan especialmente las barreras relacionadas con el propio proceso de inscripción y las dificultades para obtener un adecuado retorno económico de su inversión.
De este modo, y a pesar de que con la crisis cada vez son más las pymes que se lanzan al sector público en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, todavía deben enfrentarse a ciertas dificultades. Éstas no sólo tienen su origen en la propia naturaleza de estas empresas, sino que en muchos casos se derivan de unos procesos de contratación obsoletos que, lejos de los sistemas electrónicos que propugna la Unión Europea, todavía no están adaptados a las nuevas necesidades del mercado.
1. Procedimientos demasiado burocratizados. Según la experiencia de Vortal, uno de los principales problemas de las pymes y autónomos que quieren dar el salto a los concursos públicos es el alto grado de burocracia que implica, cargado de papeleo y con criterios dispares en función de cada administración. Estas circunstancias, unidas a unos pliegos de condiciones que en ocasiones no son del todo claros al determinar las exigencias del concurso, hacen que muchas pequeñas empresas cejen en su empeño antes incluso de comenzar.
2. Retrasos en los pagos. Otro de los mayores problemas que disuaden a las pymes de licitar es el significativo porcentaje de administraciones que sobrepasan el límite legal de 60 días para el pago de las facturas. Sin embargo, las empresas deben tener claro que el sector público siempre paga, aunque lo haga tarde. Además, en ocasiones se pueden exigir los intereses de demora correspondientes y una indemnización por el coste del cobro: es aconsejable, por tanto, presentar la factura en el registro del organismo correspondiente para dejar constancia formal de la fecha.
3. Garantías muy elevadas. En gran parte de las licitaciones, las empresas se ven obligadas a presentar avales económicos que oscilan entre el 3 y el 5 por ciento del importe máximo de la licitación, dependiendo de si la garantía tiene carácter provisional o definitivo. Además, muchos contratistas exigen informes de solvencia financiera, técnica y profesional que, de no presentarse, les excluye automáticamente del proceso. Todas estas barreras de entrada, aunque necesarias para asegurar el correcto desarrollo del contrato, sitúan a las pymes en inferioridad de condiciones frente a las grandes empresas.
4. Dificultades para rebajar el precio en la oferta. La legislación dicta que la Administración debe optar siempre por la oferta económicamente más ventajosa, no sólo en cuanto a precio, sino también en criterios como la calidad, el valor técnico, el plazo de ejecución, la rentabilidad, el servicio post-venta e incluso la estética y diseño del producto. Sin embargo, la primacía del importe sobre el resto de factores supone un nuevo obstáculo para las pymes, que difícilmente pueden competir contra las economías de escala de las grandes compañías.
5. Desconocimiento de la apertura de los procedimientos. Antes de abrir una licitación con publicidad, los organismos públicos tienen el deber de anunciar las condiciones del contrato a través de distintos medios, como los boletines oficiales, las páginas web o, en ocasiones, la prensa diaria. No obstante, son muchas las empresas que no cuentan con personal suficiente para estar siempre al tanto de estas informaciones, por lo que la oportunidad llega tarde a sus oídos: esto supone una importante reducción en los ya de por sí breves plazos de que disponen para preparar su oferta y la documentación exigida.
6. Gran inversión de tiempo y dinero. Según señala la propia Comisión Nacional de la Competencia, el diseño de lotes de licitación excesivamente grandes puede dificultar la participación de pequeñas y medianas empresas, ya que no cuentan con recursos suficientes para hacer frente a un alto volumen de inversiones. Además, los plazos de contratación demasiado largos suponen una barrera para la entrada de nuevos operadores al mercado, frenando así el empuje de los pequeños emprendedores que buscan oportunidades de negocio.
7. Mucha subcontratación y trabas a la unión de empresas. La adjudicación de contratos de volumen a grandes empresas da lugar a otro importante problema, como es el de la excesiva subcontratación, donde las pymes no gozan de unas condiciones del todo beneficiosas. Además, la existencia de restricciones a la creación de Uniones Temporales de Empresas (UTE) para evitar posibles malas prácticas impide en ocasiones que las pequeñas empresas puedan unirse entre sí para poner en común sus recursos complementarios.
8. Sin flexibilidad sobre los tiempos de ejecución. Una de las grandes preocupaciones de las empresas que se lanzan al sector público es la falta de flexibilidad para cumplir los tiempos de ejecución marcados en la oferta. En caso de que algún imprevisto suponga una demora en los plazos inicialmente trazados para el suministro de los bienes o la prestación de los servicios, la compañía deberá hacer frente a las penalizaciones establecidas, las cuales pueden resultar muy gravosas.
9. Barreras lingüísticas y territoriales. Aunque la licitación permite abrir nuevos mercados, algunas comunidades cuentan con ciertas barreras lingüísticas y legales, no ya sólo en el proceso de adjudicación, sino también durante la propia ejecución del contrato. Las empresas se ven así obligadas a adaptar su actividad a la normativa aplicable en cada región, cambiar el etiquetado de sus productos o estar presentes en el propio territorio, con un coste que excede en muchos casos las posibilidades de las pymes. En este sentido, la ley prohíbe expresamente la diferencia de trato en función de la nacionalidad, lengua, domicilio o territorio del adjudicatario, incluso de manera indirecta.
10. Falta de experiencia previa. Aunque la legislación establece que la solvencia es el único elemento a tener en cuenta a la hora de medir la aptitud de las empresas, algunas pymes consideran que su falta de experiencia o renombre en el sector público puede suponer un motivo de recelo o desconfianza a la hora de hacerse con el contrato, aunque ello no salga a la luz debido a la falta de transparencia que rodea a determinados procedimientos.
