La banca sigue poniendo trabas a la hora conceder créditos y ya ha recibido un aviso por parte de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, de que empiece a restablecer los préstamos a hogares y pymes. La línea ICO Directo, puesta en marcha en julio por el Ejecutivo para facilitar préstamos a pequeñas y medianas compañías, no ha surtido el efecto deseado por las elevadas garantías que exige a los empresarios. En ese escenario, las sociedades de garantía recíproca (SGR), cuyo objeto principal es procurar el acceso al crédito de las pymes y mejorar, en general, sus condiciones de financiación, a través de la prestación de avales ante bancos y cajas de ahorros, quieren reivindicar el papel que han jugado de apoyo financiero a las pymes durante la crisis. Sólo en 2009 han concedido 2.500 millones en avales, de los que se han beneficiado 100.000 pymes, con una generación de 87.000 empleos. “La concesión de créditos de menos de un millón de euros por parte de la banca bajó un 26% en 2009, según los datos del Banco de España, mientras que la actividad de las sociedades de garantía recíproca creció un 12% en el mismo periodo”, subraya Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de Avalmadrid.
Estas sociedades, que son entidades financieras que conceden avales a pymes que buscan un crédito a través de la banca, también destacan la importancia del apoyo financiero a largo plazo para las empresas pequeñas y los emprendedores. “El problema del crédito existe y la creación de empleo depende en exclusiva de las pymes. Las SGR tienen que jugar un papel fundamental, porque somos los que mejor comprendemos el riesgo empresarial y valoramos más el proyecto que la garantía”, destaca José Rolando Álvarez, presidente de Iberaval, sociedad de garantía recíproca de Castilla y León.
Avalmadrid e Iberaval, que suponen el 22 por ciento de la actividad de las SGR en España (prevén formalizar 600 millones de euros en avales para el próximo ejercicio), se han aliado con dos objetivos: impulsar el crédito a pymes en Madrid, Castilla y León y en las comunidades limítrofes, y trasladar al Ejecutivo la necesidad de que necesitan más fondos. Para ello exigen que se amplíe el capital en Cersa (Compañía Española de Reafianzamiento), una sociedad dependiente del Ministerio de Industria, que da cobertura parcial al riesgo asumido por las SGR. “El efecto multiplicador es brutal. Cada euro que se invierte en fondos propios en una SGR se traduce en doce euros en avales y cada euro invertido en Cersa da lugar a 37 euros en avales”, subraya Santos-Suárez.
Por su parte, el presidente de Iberaval plantea ampliar la colaboración con el ICO. En la actualidad, esas dos sociedades de garantía recíproca ofrecen, a través de la línea ICO Directo, avales a través de los que se puede elevar el crédito máximo de 200.000 a 600.000 euros, siempre con el riesgo compartido con la entidad financiera. “Con el ICO, debemos concentrarnos ahora en operaciones inferiores a 100.000 euros para que el crédito llegue a los autónomos y a los emprendedores, que no requieren tanto dinero para poner en marcha sus proyectos”, recalca Álvarez, que asegura que estarían dispuestos a asumir un porcentaje superior a la mitad del riesgo de las operaciones.
