Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la amnistía fiscal puesta en marcha en junio apenas ha reportado a la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) el 6% de la recaudación prevista inicialmente en unos 2.500 millones de euros, lo que se traduce en unos ingresos máximos de 149,6 millones de euroshasta octubre, justo un mes antes de la finalización de esta medida excepcional.
Con los últimos datos del Informe mensual de recaudación tributaria, Gestha considera que es “misión casi imposible” cumplir las expectativas iniciales, ya que a solo un mes del plazo para finalizar la amnistía -el próximo 30 de noviembre- faltaban por ingresar todavía el 94% de los ingresos previstos por el Ejecutivo.
En cambio, la puesta en marcha de esta medida ha tenido un efecto negativo en otros ingresos tributarios, que ha provocado una disminución del 20% de la recaudación inducida, que engloba aquellas declaraciones voluntarias presentadas fuera de plazo para evitar sanciones.
Falta de eficacia
Este viernes vence el plazo para acogerse a esta regularización fiscal, una expresión eufemística que, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda, posibilita enjuagar grandes fraudes a precios de saldo y, que, como ya sucedió en las anteriores amnistías realizadas en la democracia, no sirve para reducir el fraude fiscal, especialmente de las grandes fortunas y corporaciones empresariales, que son responsables del 71,7% de la evasión tributaria total.
Además, la amnistía atenta contra el principio constitucional de igualdad tributaria que, según el artículo 31 de la Constitución, debe inspirar nuestro sistema fiscal ya que supone un agravio comparativo para los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a los que se grava con tipos de hasta el 52% en el IRPF -llegando al 56% en Cataluña-, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el Fisco pagando un 10%, evitando intereses, recargos, sanciones y la imputación penal por los presuntos delitos fiscales cometidos.
Para reducir la economía sumergida, Gestha considera necesario aplicar la ley a quien defrauda sin excepciones, además de reorganizar en profundidad el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal, otorgando mayores responsabilidades y competencias en la lucha contra el fraude a toda la plantilla, especialmente a los 8.000 técnicos de Hacienda para, en una segunda fase, aumentar los efectivos. Además, debería dedicarse más esfuerzo en perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías, en vez de concentrar el 80% de los recursos en investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados.
