La Ley Antifraude (Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal), es la norma impulsada por el Ministerio de Hacienda que establece nuevos criterios en la lucha contra la elusión fiscal y modifica diversas normas reguladas por la administración tributaria.
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Cuándo entra en vigor la ley antifraude
El 5 de diciembre de 2023 se aprobó el Reglamento del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal o mejor conocido como la Ley Antifraude.
Se establece que los desarrolladores de software tengan sus programas informáticos en línea con la norma en un plazo de nueve meses a partir de la publicación de la orden en el BOE, que previsiblemente estará en estos primeros meses de 2024 y donde se concretarán las especificaciones técnicas y funcionales. Por lo tanto, para finales de 2024 o principios de 2025, los fabricantes de software deberán tener sus programas a punto.
Obligación para fabricantes
Los desarrolladores y fabricantes tienen hasta nueve meses desde la aprobación del reglamento para adaptarse a la normativa. Es decir, el 5 de septiembre de 2024.
Obligación para usuarios
Este reglamento se aplicará a todas las empresas y autónomos que utilicen software de facturación a partir del 1 de julio de 2025.
En qué consiste la ley antifraude
La Ley Antifraude busca luchar contra el fraude fiscal. Hoy en día se produce de dos maneras: cobrando en efectivo y no registrando la transacción, o registrar la transacción, para poder emitir la factura, y después eliminarla con ayuda de un software de doble uso.
También se busca combatir el fraude en criptomonedas y los paraísos fiscales.
La iniciativa busca controlar los pagos en efectivo. Estos se reducen para determinadas actividades económicas de 2.500 a 1.000 euros, con sanciones de un 25% de la operación para quienes lo incumplan. Y disminuye de 15.000 a 10.000 euros, para particulares con domicilio fiscal fuera de España.
El Ministerio de Hacienda calcula que gracias al software las empresas han ocultado al fisco hasta 200.000 millones de euros. Por eso, en lo relativo al software de gestión, la “Ley antifraude” prohíbe en las compañías la utilización de programas que permitan una doble contabilidad y que, por lo tanto, permitan manipular las cuentas con fines fraudulentos y pagos en negro. El objetivo final es el mismo: acabar con el fraude fiscal y la economía sumergida.
Relación con las leyes Crea y Crece
Pese a que ambas leyes tienen cosas en común son diferentes en su objetivo.
La Ley antifraude se centra en luchar contra el fraude fiscal poniendo el foco en los software de doble uso. En cambio, la ley Crea y Crece tiene el objetivo de formar empresas sostenibles. Lo que tienen en común es que obligan el uso de un programa de facturación en la nube que permita emitir facturas electrónicas.
Cómo afecta la ley antifraude al software de facturación
La ley antifraude busca poner cerco al software de doble uso, aquel que permite llevar una facturación paralela a la oficial. Para ello, los programas de facturación tendrán que estar certificados y sus registros deberán ajustarse a una serie de especificaciones.
La llamada “Ley antifraude” obligará a las aplicaciones de facturación a disponer de una declaración responsable confirmando que cumplen con esta normativa.
La ley establece que los programas de gestión deberán impedir la modificación y destrucción de registros de facturación. El objetivo final es evitar la manipulación de la contabilidad por parte de las empresas. Es decir, evitar que las empresas lleven una “contabilidad b”, facturando sin declarar sus ingresos.
El reglamento, por su parte, establece que los programas de gestión deberán omitir cualquier funcionalidad que permita ocultar o modificar datos contables. Además, tendrán la obligación de hacer trazabilidad de los mismos y facilitar un almacenamiento correcto para futuras inspecciones. También es obligatorio que incorporen un registro de eventos que dé cuenta de interacciones, operaciones o sucesos ocurrido durante su uso.
La ley antifraude obligará a las empresas a generar un registro por cada factura expedida con un sistema o programa de software que garantice su inalterabilidad, trazabilidad y conservación, así como su integridad, accesibilidad y legibilidad.
La norma exige que cada registro de facturación incluya un número de identificación fiscal, así como los nombres y apellidos de la persona que está obligada a hacer la factura. Además de la denominación social del negocio. Asimismo, la factura debe llevar número y serie, y fecha de expedición. Y también debe dejar claro qué tipo de factura es: si completa o simplificada. Y marcar IVA u otras obligaciones tributarias.
Cómo cumplir los requisitos de la ley antifraude
Sistema de emisión de facturas verificables o VeriFactu
Los registros deberán ser remitidos de forma inmediata y automatizada. Si no fuera así, existe la obligación de guardarlos para ponerlos a disposición de la Agencia Tributaria cuando sean requeridos. Por eso, el software de facturación debe permitir en envío automático de cada registro de facturación a Hacienda.
Para tal fin, la “Ley antifraude” y la propia Agencia Tributaria promueven el sistema VeriFactu, que valida las facturas utilizando tecnología blockchain. De hecho, el reglamento del pasado mes de diciembre se denomina coloquialmente como “reglamento VeriFactu”, por la prescripción que hace de este sistema de envío.
Conviene tener en cuenta que VeriFactu no se aplicará en los territorios forales (donde existen sistemas propios) y que también quedan fuera de esta normativa las empresas que ya estén acogidas al SII (Sistema Inmediato de Información).
Ventajas de la ley antifraude
La principal ventaja es la lucha contra el fraude, pero también los nuevos sistemas de facturación electrónica facilitarán la tarea a las empresas.
Multas y sanciones de la ley antifraude
Penas para las empresas cliente
La “Ley antifraude” recoge sanciones para las empresas que opten por una doble contabilidad. Así establece multas de hasta 50.000 euros si utilizan o simplemente tienen programas de doble uso. “Es decir, tener un programa de este tipo será sancionable, aunque no se utilice”, explican desde un proveedor de software de facturación.
Penas para los proveedores de software
Mientras tanto, para los proveedores de software la ley establece multas de hasta 150.000 euros. En concreto, penaliza “la fabricación, producción y comercialización de programas de gestión de doble uso”, en una cuantía que, además, se multiplicará por cada año en el que se produzcan ventas.
