Según los datos a los que ha podido acceder la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), a 31 de mayo de 2012, eran 651.136 los trabajadores autónomos que estaban cotizando voluntariamente para poder acceder a las prestaciones por cese de actividad, así como a las de accidente de trabajado y enfermedades profesionales. “Esta cifra representa en términos porcentuales un 21,26% del total del colectivo y sólo ha aumentado un 0,5% desde el 31 de enero de este año”, ha indicado UPTA en u comunicado.
La mayoría de los cotizantes son hombres (435.675), frente a un tercio de mujeres (215.461). Casi la mitad de ellos se encuentran en el tramo de edad de 35 a 50 años.
Según estos datos “el aumento acumulado desde comienzos del año ha sido de 6.014 autónomos cotizantes, dato que pudiera considerarse positivo si se tiene en cuenta la lenta evolución que tienen las altas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), aunque sigue siendo muy escaso y muy por debajo de las previsiones”.
Para UPTA“esta evolución tan lenta proviene de las dificultades económicas por las que atraviesan la mayoría de los afiliados al RETA. Para ellos una cotización complementaria resulta un esfuerzo en estos momentos, pero también de la nula información que desde las Administraciones Públicas se ha dado sobre los beneficios de esta nueva cotización que incluye dos prestaciones tan importantes como el acceso a las contingencias por accidente laboral y cobertura por cese de actividad involuntario”.
Según la organización, “esta falta de información es aun más grave si tenemos en cuenta que ya han pasado más de doce meses desde que se hicieron las primeras cotizaciones, por lo que ya se han dado los primeros casos de solicitudes y reconocimientos o denegaciones en el caso del cese de la actividad. Además, el 1 de enero de 2013 la cotización pasará a ser obligatoria para las nuevas altas, por lo que es fundamental dar información a los potenciales beneficiarios”.
Esta es la razón por la que UPTA viene pidiendo a la Administración que coordine la entrega de información por parte de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que son las principales entidades gestoras, junto con el Servicio de Empleo Estatal y el Instituto Social de la Marina (ISM).
