La mujer ha irrumpido con una gran fuerza en el tejido empresarial español en los últimos diez años, ejerciendo una importante labor social y económica en nuestro país y manteniendo buena parte de nuestra actividad económica en los ámbitos tanto urbanos como rurales. En la actualidad, el número de mujeres que realizan una actividad económica por cuenta propia en España es de 1.056.703, lo que representa un 34,80% del total de los trabajadores autónomos, y más de un 13% del total de las trabajadoras en nuestro país.
En el primer semestre de este año, las mujeres autónomas han registrado un crecimiento neto de 13.467 activos, mientras que los hombres crecieron en 10.651 en el mismo periodo.
Las Comunidades Autónomas donde más mujeres se han decidido a emprender una actividad por su cuenta son Baleares (+3.766), Andalucía (+3.334), la Comunidad Valenciana (+1.540) y Cataluña (+1.270).
En el lado contrario de la balanza están las Comunidades de País Vasco (-278), Galicia (-122), Asturias (-111), Canarias (-142), Extremadura (-131) y Castilla y León (-397), donde todavía se sigue destruyendo empleo autónomo.
Desde la Unión de Profesionales y Tabajadores Autónomos, UPTA, consideran que esto datos “vienen a corroborar la resistencia demostrada y capacidad de emprendimiento de las mujeres autónomas, que contradice casi todos los datos socioeconómicos españoles. Resistencia que debe ser puesta en valor por las diversas Administraciones Públicas para que de una vez por todas inicien un verdadero Plan Integral de Apoyo a la Mujer Autónoma y Emprendedora”.
La Secretaría de Igualdad de UPTA España pide que los avances logrados desde la aprobación de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de igualdad de oportunidades y conciliación de la vida profesional y personal en el trabajo autónomo, “se mantengan en estos años de estancamiento económico y que no se dé ni un solo paso atrás en los derechos sociales de las mujeres que ejercen una actividad económica”.
La Organización propondrá al Gobierno el desarrollo de las siguientes medidas:
–Aplicación práctica y reconocimiento del trabajo y la cotización a tiempo parcial para las mujeres autónomas.
-Derecho de jubilación anticipada a los 61 años para las mujeres autónomas que cumplan esa edad siendo beneficiarias de la prestación por cese de actividad.
–Planes de continuidad en los negocios, a través de la sustitución, para las mujeres mayores de 55 años.
– Puesta en marcha de un sistema integral público de microcréditos que dé respuesta a las necesidades financieras de las mujeres jóvenes que se dispongan a emprender una actividad económica y un sistema eficaz de seguimiento y asistencia técnica de los mismos.
