El Gobierno se compromete con CEPES a analizar y dar solución a la discriminación negativa de las empresas de Economía Social en el Anteproyecto de Ley de Emprendedores. Así se ha desprendido tras las conversaciones mantenidas ayer entre el presidente de la Patronal de la Economía Social, Juan Antonio Pedreño, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la presentación de dicho anteproyecto de Ley en Moncloa.
El presidente de CEPES ha planteado una serie de correcciones a este importante anteproyecto de Ley, dirigido a los emprendedores, para que se solucionen las discriminaciones negativas hacia el autoempleo colectivo propias de la Economía Social, fundamentalmente a las cooperativas.
Todo el articulado del anteproyecto está regulado para fomentar el autoempleo individual y a las sociedades de capital, olvidando la existencia de otras fórmulas jurídicas. Además, Pedreño ha dicho que “echa en falta la ausencia de disposiciones de índole social, en particular para fomentar el autoempleo en personas con discapacidad” y que esta norma “debe ser de aplicación a todas las actividades profesionales y empresariales que vayan a realizar personas emprendedoras, de forma individual o colectiva, independientemente de las fórmula empresarial adoptada”.
Es por ello que, tras las conversaciones mantenidas con la ministra, el presidente de CEPES espera que en el trámite parlamentario de esta Ley todo quede solventado. La Patronal de la Economía Social enviará un informe con sus enmiendas al Gobierno y a los partidos políticos en los próximos días para enriquecer el articulado de la Ley .
CEPES recuerda que en el 2012 “la Economía Social creó más de 2.000 nuevas empresas y más de 56.000 nuevos empleos. A estos datos hay que sumar los cientos de empleos salvados gracias a las reconversiones de empresas mercantiles en crisis en cooperativas”. Según fuentes de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), “en el último año se han producido en España 75 transformaciones de empresas mercantiles en cooperativas”.
Todos estos argumentos son compartidos por el Consejo Económico y Social en su dictamen aprobado el pasado lunes, que además “echa de menos en materia fiscal, que los incentivos fiscales regulados en el Título II se extiendan a las empresas de Economía Social, fundamentalmente a las cooperativas”.
