El 90% de las pymes españolas y más de 50% de los autónomos han pasado en algún momento por los tribunales de acuerdo con un estudio del Consejo Superior de Cámaras de Comercio e Industria.
Los impagos, incumplimientos de contrato y reclamaciones están tristemente a la orden del día en el ecosistema emprendedor. Tan es así que el 60% se los pequeños y medianos empresarios se muestra insatisfecho con el funcionamiento de la vía judicial, que ralentiza sobremanera el proceso y propicia el colapso de las demandas ante la posibilidad de recurso a distintas instancias y tribunales.
En este escenario, la fórmula del arbitraje –prácticamente desconocida o escasamente aplicada desde su entrada en vigor por ley en 2003- se alza como solución para sortear los espinosos juicios. Se trata de que un tercero, objetivo e imparcial, resuelva la controversia entre dos partes dictando un laudo (sentencia de obligado cumplimiento). Debe tener en cuenta que el árbitro no tiene por qué ser una única persona, puede tratarse de una institución arbitral de las más de 50 que existen en nuestro país.
Si por término medio un proceso judicial ordinario se resuelve en el plazo de dos años y medio –con un coste añadido de 150.000 euros- mediante el arbitraje el conflicto se resolverá en seis meses con un ahorro del 50% de los costes. Asimismo, cabe subrayar que la interposición de recursos puede extender la vía judicial hasta los siete años.
Más allá del ahorro de tiempo y dinero, el arbitraje es capaz de anticiparse a problemas futuros para su pyme. Las personas que firman un contrato con convenio arbitral saben que en caso de problemas, el conflicto se solucionará en medio año. No cabe duda de que así un empleado será mucho más escrupuloso en el respeto de lo acordado.
El arbitraje suaviza tensiones y ofrece soluciones rápidas y es especialmente efectiva ante casos de impago. De acuerdo con la Asociación Europea del Arbitraje la mayoría que pymes que acuden a esta fórmula lo hacen por estos problemas.
