El pasado viernes, el Consejo de Ministros informó del Anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio que vendrá a sustituir la Ley de Bases en vigor desde el año 1993. También adaptará la financiación y regulación de estas instituciones empresariales a las normas aprobadas en el año 2010, por las que quedaron eliminadas las cuotas obligatorias que hasta entonces pagaban autónomos y empresas de los sectores de los servicios, industria, transporte y navegación.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), como organización representativa, dice no haber tenido conocimiento oficial de los borradores de este anteproyecto, “a pesar de que los autónomos siguen siendo miembros de estas instituciones, aunque ya no tengan obligaciones de carácter económico”.
Todo apunta a que la Ley crea la figura de la Cámara de España, en sustitución del actual Consejo General de Cámaras de Comercio, que articula a través de éstas procedimientos para poner en marcha la denominada Formación dual . El Gobierno tiene previsto aprobar un crédito de cien millones de euros con carácter de financiación transitoria a través del ICO para estas entidades. También mantiene la adscripción obligatoria de las empresas y autónomos a las Cámaras territoriales.
UPTA ha emitido un comunicado mediante el cual quiere recordar al Gobierno (particularmente a la Secretaría de Estado de Comercio), “que al menos desde el año 1993, fecha en que se aprobó la última ley de Bases de las Cámaras de Comercio, los autónomos han debido contribuir obligatoriamente al mantenimiento de estas instituciones. Lo han hecho a través de una exacción del 2% del IAE, con una base mínimas de 6 euros anuales, hasta el año 2003, fecha en la que se eliminó el pago de este impuesto para los autónomos, y de una exacción del 2 por mil sobre los rendimientos de actividades económicas en el IRPF hasta el año 2010”.
Aproximadamente, unos 650.000 autónomos personas físicas, de los sectores del comercio, hostelería, transporte y navegación, “han estado obligados a estos pagos”, asegurael secretario general de la Organización, Sebastián Reyna, y estima que por la base del IAE, los ingresos hasta 2003 provenientes de autónomos, fueron de 78 millones de euros y por IRPF los ingresos hasta 2010 han sido de 26 millones de euros. “Por lo que la recaudación producida en aquellos años supera los 104 millones de euros que los autónomos aportaron a las Cámaras de Comercio,todo ello sin haber tenido ninguna participación en la gestión y control de las mismas, y sin haber podido beneficiarse de sus servicios, dirigidos prácticamente y en exclusiva a las actividades de comercio exterior o a una oferta formativa no adaptada a la necesidad de los autónomos”.
Por otra parte, UPTA quiere aclarar que la labor realizada por las Cámaras en el ámbito de la asistencia técnica y formación para nuevos emprendedores, así como muchas de sus realizaciones y activos para esta función, “provienen de las importantes cantidades recibidas por los Programas Operativos del Fondo Social Europeo, o de otras entidades públicas, por lo que nadie puede considerar que estos activos son privativos sólo de una parte de los empresarios, sino que son un bien común que debe ser administrado de forma pública y participativa”.
“Resultará por otra parte chocante a muchos autónomos asfixiados por la falta de crédito y que no han podido acceder a las líneas del ICO por falta de garantías suficientes, contemplar ahora como una cantidad tan importante es aprobada para unas instituciones que ellos sufragaron parcialmente, pero a las que no se sienten en absoluto vinculados“, continúa el comunicado.
UPTA pedirá al Gobierno que ese dinero se reconvierta en una línea de microcréditos para los jóvenes emprendedores “que no tengan garantías patrimoniales suficientes, a pesar de contar con proyectos cualificados y viables”, explica Reyna, para quien sólo queda esperar “que el Gobierno recapacite y que tenga en cuenta los intereses de todos los sectores y el interés general, particularmente el de las empresas de titularidad personal que representan más del sesenta por ciento de la estructura empresarial española y que no se sienten partícipes en este proceso de renovación de las Cámaras”.
