Desde que se estableció la posibilidad de que los trabajadores autónomos puedan pagar voluntariamente para cubrir las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) así como por la cobertura en caso de cese de actividad, fórmula equivalente al desempleo entre los asalariados, 651.369 autónomos lo hacen en toda España. Lo que significa que estos derechos sólo cubren al 21,31% del colectivo que cotiza regularmente a la Seguridad Social.
El mayor número se concentra en Andalucía, 129.270, pero en términos proporcionales la Comunidad con más cobertura es Canarias, el 28,91%, ya que 30.414 autónomos canarios cotizan por estas coberturas del total de los 105.188 existentes en las islas.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) considera que esta evolución es muy escasa, aunque también “se debe valorar positivamente que el número se ha mantenido, incluso con algún crecimiento, durante los últimos cuatro años, en los que la crisis ha hecho disminuir el número de autónomos activos en todo el país”.
Las causas vienen dadas particularmente por el bajo nivel de información que los autónomos tienen sobre esta posibilidad “y también por las dificultades para acceder a las coberturas en caso de necesidad, ya que la prueba de la existencia del accidente de trabajo o cese de actividad en los autónomos es mucho más compleja que para los asalariados”, aclara el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna.
También es causa de ello la total inexistencia de programas de prevención de riesgos laborales entre los autónomos. “Las Mutuas sólo pueden dedicar un 0,5% de las cuotas a este fin preventivo y la Administración de las Comunidades Autónomas, con muy pocas excepciones, han hecho total dejación de esta obligación”, alegan desde la Organización.
Para Sebastián Reyna buena prueba de ello es el hecho de que, aunque todavía no se han dado datos oficiales, todo parece indicar que durante el primer año de puesta en marcha de la Ley que regula el sistema específico de cese de actividad para los autónomos, “sólo el 20% de las solicitudes han sido atendidas positivamente por parte de las Mutuas, que son las entidades de gestión de esta prestación”.
UPTA recuerda que a partir de enero la cotización por estas prestaciones pasará a ser obligatoria para las nuevas altas, por lo que el número de cotizantes podrá superar el millón a finales de ese año. “La Administración debe cuidar que la atención sea mucho más directa, que se informe sobre la evolución estadística con regularidad y sobre todo que se difundan las características y derechos que dan estas cotizaciones entre el colectivo de posibles beneficiarios”, concluye el secretario general de la Organización.
