12 millones de euros en 2009; 9 millones en 2010; 7 millones en 2011 y 4 en 2012. Esta es la evolución a la baja que han sufrido los recursos disponibles para la formación profesional y el reciclaje de los trabajadores autónomos. “Nunca ha sido más del 3% sobre el total de los recursos disponibles, pero su reducción en términos absolutos la hace ya insignificante, poco más de un euro por cada autónomo en activo, y nada para los potenciales trescientos mil nuevos trabajadores que se dan de alta cada año en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia”, aseguran desde UPTA.
Estas cantidades además han sido cofinanciadas en los últimos años por el Fondo Social Europeo (FSE), por lo que el esfuerzo presupuestario del Gobierno de España ha sido significativamente inferior. “Este escaso esfuerzo en la financiación de la adaptación profesional de los trabajadores autónomos está siendo causa de que disminuya gravemente el nivel de competitividad del colectivo y en consecuencia de buena parte de la estructura empresarial española”, aseveran.
Ante la perspectiva de que en un próximo futuro pudiera llegar a desparecer la financiación actual, UPTA, de acuerdo con otras organizaciones, se ha ofrecido al Gobierno para negociar la aplicación de una cotización especial de un 0,1% de las cuotas a la Seguridad Social a este fin. Esta cotización llegaría a representar una recaudación anual cercana a los treinta millones de euros, lo que significaría un cambio sustancial en la capacidad de preparación y adaptación de este colectivo.
Todos los sectores de autónomos estarían dispuestos a este esfuerzo con el fin de asegurar que los más de trescientos mil nuevos autónomos que se dan de alta cada año en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia, puedan acceder a la formación necesaria y de esta forma ayudar a que se mantenga en el futuro este tejido empresarial y laboral básico en el desarrollo de nuestro país.
UPTA también considera imprescindible que este esfuerzo sea seguido por las Comunidades Autónomas que, siendo las administraciones competentes en el desarrollo del autoempleo y el emprendimiento, “no han hecho hasta la fecha, salvo excepciones, ningún esfuerzo en esta materia”.
