La Comisión Europea estudia un nuevo concepto de ayuda temporal de reestructuración para pymes en crisis. Así consta en la propuesta para el proyecto de directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis sobre la que la CE ha hecho una consulta, a fin de adoptar nuevas normas en la primera mitad de 2014.
El nuevo concepto de asistencia temporal permite que la ayuda de tesorería (préstamos y garantías) se ponga a disposición de las pymes en crisis durante un periodo superior a los seis meses para el que puede concederse actualmente.
La CE pide que las partes interesadas se pronuncien sobre dos posibles opciones, 12 o 18 meses. También quiere hacer la ayuda más específica para aquellos casos en los que la intervención sirva a un interés público real.
El proyecto de directrices contiene nuevos filtros para comprobar que la ayuda reviste verdaderamente interés público. En primer lugar, hay que demostrar que la ayuda persigue un objetivo de interés común, es decir, que salvar la empresa evitaría problemas sociales o solucionaría deficiencias del mercado. La propuesta expone una lista de situaciones en las que la asistencia estaría justificada en este contexto, una disposición específica para las pymes que aplica normas menos estrictas y señala situaciones que son más relevantes para la posición de las empresas.
La ayuda solo revestirá interés público si puede influir en la situación que prevalecería sin ella y, por ello, el proyecto de directrices pide a los Estados que presenten una comparación con un escenario alternativo creíble que no implique asistencia estatal. Este requisito no se aplicará a las ayudas de salvamento o al apoyo temporal de reestructuración.
La propuesta de la CE precisa, además, que los costes de reestructuración se distribuirán equitativamente entre los inversores y los contribuyentes en el reparto de cargas.
El proyecto establece dos enfoques posibles: un planteamiento más general que requiere que la contribución de los accionistas y acreedores preexistentes sea razonable, teniendo en cuenta las pérdidas que probablemente habrían sufrido en caso de insolvencia, y otra opción más precisa que necesita que los accionistas soporten todas las pérdidas anteriores y, si eso no es suficiente, contribuyan entonces también los acreedores subordinados.
La CE quiere, además, que las partes se pronuncien sobre la definición de “empresa en crisis” y prevé desplazar el énfasis de los criterios flexibles a los estrictos, facilitando a las autoridades que conceden las ayudas y a los beneficiarios potenciales determinar si una empresa concreta está en crisis. También propone un aumento del nivel mínimo de remuneración de las ayudas de salvamento para que el beneficiario tenga un incentivo para devolver la asistencia lo antes posible.
En el caso del apoyo temporal, se aplican ajustes al alza cada seis meses para acentuar aún más los incentivos de salida.
La elegibilidad se amplía para dar cabida, al igual que a las pymes, a aquellas empresas que no pueden considerarse tales únicamente porque son de propiedad pública en al menos un 25 %. El importe máximo de ayuda que puede recibir cualquier empresa en virtud de un régimen de salvamento y reestructuración se reduce de 10 millones de euros a 5 millones.
