La Administración Pública reinventa su estrategia para captar adjudicatarios de las licitaciones públicas introduciendo plataformas de inteligencia comercial para realizar búsquedas más precisas y mejorar su publicidad. El objetivo de este movimiento es facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en los procesos de contratación pública para ofrecerles un mayor abanico de posibilidades para hacer crecer su negocio.
Las pymes suponen el 99,8 % del total del tejido empresarial, representando el 64,2 % del empleo en nuestro país. Sin embargo, los contratos públicos adjudicados en España a estas pequeñas empresas tan solo fue un 29,45% del total (dato de 2017). Sin embargo, como señalan desde la firma de soluciones analíticas, DoubleTrade, este ratio es muy bajo e implica que las administraciones facilitan más oportunidades de negocio a las grandes empresas que a las pequeñas. Por ese motivo, el Gobierno ha promovido una modificación de ley para mejorar la transparencia de las instituciones y empujarlas a que pongan más facilidades a las Pymes para participar en el sistema.
Se modifica la ley para mejor transparencia
Con este objetivo, la Ley 14/2022 de 8 de julio, obliga a las administraciones a hacer públicos todos los contratos públicos que se alcancen; haciendo especial hincapié en que cada organismo debe indicar el procedimiento y los instrumentos que han utilizado para publicitarlo. Este matiz implica una obligación velada a que las instituciones refuercen unos sistemas de publicidad que tradicionalmente eran poco eficientes y que ahora se apoyan en plataformas de inteligencia comercial para llegar a un mayor número de empresas.
Según el equipo de especialistas de DoubleTrade, en este primer año se han multiplicado las administraciones que apuestan por utilizar la inteligencia comercial para recibir un mayor volumen de ofertas y seleccionar las mejores opciones de acuerdo a sus intereses. De esta manera también logran dar más oportunidades de negocio a las Pymes. Y es que este es el punto principal de la modificación de ley de transparencia, donde también se recalca que, además de compartir información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, los organismos licitadores también tienen que publicar datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados según la herramienta utilizada para lograrlo, además de información estadística sobre el porcentaje de participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas para analizar la situación y el grado de participación de las Pymes en cuanto a adjudicación de contratos públicos. Todo ello persiguiendo el fin de mejorar su competitividad.
