A medida que el mercado evoluciona, el campo de la tecnología se vuelve significativamente más complejo. A su vez, el grado de madurez de las empresas es mayor en relación con los servicios de TI, las empresas saben exactamente lo que quieren de un proveedor en este ámbito. Si sólo tuviésemos esto en cuenta, está claro que se trata de un desarrollo positivo. Pero de la mano, de esta evolución, viene la regulación y los costes administrativos, los cuales son necesarios, aunque contraproducentes cuando interfieren en exceso.
Haciendo un resumen rápido, en España se aplica el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para garantizar la privacidad de los datos de los usuarios, que supone un desafío en términos de costes y procesos. Una carga fiscal notoria con tasas impositivas que dificultan la planificación financiera y operativa; licencias y permisos que demandan tiempo y recursos; normativas específicas de seguridad que requieren inversiones considerables para asegurar la integridad de los sistemas, algo que todavía alcanza una mayor complejidad cuando entran en juego contratos online, pagos electrónicos y derechos de los consumidores.
Por ejemplo en Retarus, contamos con nuestro propio departamento legal que cuenta con experiencia en las áreas de derecho contractual y protección de datos. Su labor es excelsa con todo lo que tiene que ver con contratos, el RGPD, códigos de conducta, etc. Disponemos de numerosas certificaciones, todas las que creemos necesarias, pero en muchas ocasiones junto con los nuevos clientes vienen nuevas demandas de certificaciones adicionales. Esto requiere un gran esfuerzo de adaptación que muchas empresas de TI no pueden permitirse.
Para las startups, es ciertamente difícil porque no sólo se trata de conseguir certificaciones. Pronto también será obligatorio presentar informes de sostenibilidad, informar sobre sus cadenas de suministro y hacer frente a requisitios de contabilidad y facturación. Además tienen que lidiar con una burocracia que trabaja a paso muy lento. Ante esta avalancha burocrática, aquellas empresas que no cuenten con una amplía financiación de capital de riesgo pueden encontrarse con serias dificultades.
Todas estas startups tecnológicas que quieran establecerse o expendirse a cualquier país, incluido España, deben contar con asesoramiento legal especializado y actuaizado para poder cubrir todas las necesidades derivadas de la regulación y las normativas.
La oportunidad de crear un ecosistema emprendedor pionero
Facilitar el camino de forma real es uno de los factores clave que puede desatascar el embudo burocrático. En este contexto, el Congreso ratificó a finales del año pasado la nueva ley de startups que garantiza mayores facilidades para invertir en las empresas tecnológicas de reciente creación, el apoyo para retener y atraer talento y la reducción de la carga fiscal que deben soportar estos negocios.
En España tenemos la oportunidad de demostrar que podemos crear un ecosistema emprendedor pionero si se dan los pasos en la dirección correcta. Y, aunque el foco sí se ha puesto donde se debe, hace falta seguir insistiendo en la simplificación de procesos administrativos y en la carga fiscal asociada para que la certificación de empresas innovadoras siga en aumento.
A favor juega la mayor madurez del ecosistema startup español, que ya abraza una media de tres años de vida , según un estudio de South Summit e IE University. Es más, en España sólo estamos unas décimas por debajo respecto a la media de vida de las startips de Norteamérica y Europa.
La nueva ley de startups apenas tiene unos meses de vida, por lo que todavía es pronto para valorar sus efectos reales en el ámbito de las empresas emergentes. Por otro lado, quedan muchos pasos por dar en lo que a organizaciones más consolidadas se refiere, que se ven también muy limitadas a la hora de dar pasos en innovación. Es imperativo que las reglas sean justas para que empresas de todos los tamaños tengan la oportunidad de avanzar con lo realmente útil y valorable, como es en definitiva generar propuestas disruptivas y no quedarse atrapadas en las redes burocráticas.
