BSA The Software Alliance, ha informado de un progresivo incremento de las denuncias recibidas contra compañías españolas por tenencia y uso de software sin licencia del propietario. En 2017 se alcanzó la cifra record de 576 casos notificados a través del portal de denuncias de BSA, un 14% más con respecto al año anterior y prácticamente el doble de los reportes registrados en 2014, cuando la cifra de denuncias era de 315.
Las denuncias recibidas a lo largo del año pasado dieron lugar a 347 acciones legales, entre las que destacan los registros judiciales de las instalaciones de las empresas ordenados por Juzgados Mercantiles a partir de las evidencias ofrecidas en las denuncias. Esta cifra supone un incremento del 12% en el número de acciones realizadas contra supuestos infractores de la ley de Propiedad Intelectual respecto a 2016. El valor promedio del software sin licencia encontrado en dichos registros ascendió en 2017 a casi 200.000 euros de mediapor empresa (194.285 €) y a cerca de 4.000 euros de promedio por cada ordenador (3.940 €).
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Más concienciación, más denuncias y mejor información
Según BSA, el significativo aumento de denuncias en los últimos años está relacionado con una mayor concienciación entre directivos y empleados en relación con las prácticas ilegales en las empresas. El estudio de BSA “Actitudes Frente a las prácticas ilegales en las Pymes Españolas” desvelaba recientemente que el 80% de los trabajadores está dispuesto a informar de ilegalidades y conductas no éticas cometidas en su empresa; y un 76% cree que el uso de software sin licencia es una mala práctica o un delito, y que las empresas deberían afrontar las consecuencias legales que implica.
En este sentido, Pérez recuerda que “las empresas que disponen de software sin licencia en sus sistemas informáticos se exponen a riesgos legales y económicos muy graves que van desde indemnizaciones por daños y perjuicios a multas que pueden ascender a los 280.000 euros, la suspensión de actividad, y la inhabilitación para acceder a subvenciones y ayudas públicas o contratar con el sector público. Además de las consecuencias penales para los empleados y directivos responsables y el efecto negativo sobre la reputación de la empresa”.
Exempleados y empresas competidoras encabezan las denuncias
Según los datos de BSA, la mayor parte de las investigaciones a empresas se inician como consecuencia de denuncias realizadas por exempleados (41%), seguidas de las efectuadas por otras empresas competidoras (38%) y de las denuncias anónimas de empleados actuales de las compañías supuestamente infractoras (21%).
Las empresas que concentran la mayoría de las denuncias son pymes que desarrollan principalmente su actividad en los sectores de distribución y ventas (11%), Ingeniería o diseño (10%), arquitectura (9%) e Industria/manufactura (8%).
Casi la mitad del software instalado en las empresas carece de licencia
Más de cuatro de cada diez programas informáticos (44%) instalados en equipos corporativos de empresas son ilegales, esto es, han sido instalados sin autorización del propietario de los derechos de autor del software o contraviniendo los términos del contrato de licencia. Este ratio sitúa a España muy por encima de la media de la Unión Europea, 28%, y lejos de los países más avanzados en el uso del software como activo de negocio, como Estados Unidos o Canadá, donde el ratio de software sin licencia no llega al 20%.
En España BSA estima que el coste comercial de esta práctica en las empresas representa más de 800 millones de Euros para los fabricantes y desarrolladores de software, según se desprende de los últimos datos de la Encuesta Global de Software de la consultora IDC.