La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha venido observando un aumento en la participación de las Administraciones Públicas en el mercado de las comunicaciones electrónicas, especialmente prestando servicios de acceso a Internet de banda ancha soportados en redes inalámbricas que utilizan el dominio público radioeléctrico a través de frecuencias de uso común (redes wi-fi). Tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, se han establecido distintas cautelas dirigidas a evitar o controlar, en su caso, el uso de fondos públicos por parte de las Administraciones Públicas en la realización de tales actividades; la CMT, por su parte, tiene asignadas, entre sus competencias, la de examinar aquellas situaciones que podrían suponer la expulsión o desincentivación de la participación del resto de los operadores en aquellos ámbitos donde actúen múltiples operadores. A juicio de la CMT, la vigente regulación de la actividad de las Administraciones Públicas en el ámbito de las telecomunicaciones no resulta la más adecuada al marco de competencia actual, por lo que podría resultar conveniente plantear la introducción de algún cambio normativo que facilite una más rápida adaptación a la evolución del mercado.
Para lograr dicho objetivo, con fecha 25 de junio de 2009, la CMT acordó la apertura del trámite de información pública sobre determinadas propuestas regulatorias relativas a la explotación de redes públicas inalámbricas basadas en la utilización del dominio público radioeléctrico a través de frecuencias de uso común (wi-fi) y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sobre las mismas por las Administraciones Públicas. El objetivo de esta Consulta es, según la CMT, obtener información de los operadores que actúan en el sector de las comunicaciones electrónicas para plantear propuestas regulatorias que, bien mediante la regulación por la CMT, o bien mediante la modificación de la actual normativa, o ambas a la vez, permitan establecer unas nuevas condiciones que se adapten a la realidad actual, de modo que las Administraciones Públicas puedan llevar a cabo sus actividades sin entorpecer el mercado. Hasta el momento, la CMT se ha pronunciado en múltiples ocasiones en relación con las actividades de comunicaciones electrónicas de las Administraciones Públicas. En este sentido, junto con la delimitación de los supuestos en que las Administraciones Públicas deberán notificar su actividad de los que no, ha examinado también algunos casos concretos que se le han planteado con el objeto de determinar si era posible la prestación del servicio de acceso a Internet a través de redes wi-fi municipales de forma gratuita y, en su caso, si era necesaria la imposición de condiciones. En particular, la CMT ha impuesto, entre otras condiciones, restricciones a la velocidad máxima de acceso, limitaciones horarias, restricciones en materia de acceso a contenidos, etcétara. La Comisión Europea también ha examinado numerosos proyectos de despliegue de redes de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas bajo la perspectiva de la regulación de las ayudas de estado. A estos efectos, también está siendo sometido a consulta pública un borrador de Directrices sobre la aplicación de la regulación de Ayudas de Estado al despliegue de redes de banda ancha.
Desde el punto de vista normativo, como regla general, las Administraciones Públicas deberán prestar servicios de comunicaciones electrónicas a cambio de la correspondiente contraprestación económica. De este modo, la Ley General de Telecomunicaciones no establece ningún requisito sobre la duración de la realización de actividades de telecomunicaciones por las Administraciones Públicas con carácter gratuito, y tan sólo hace referencia a la posibilidad que tiene la CMT de imponer condiciones especiales que garanticen la libre competencia. No obstante, la normativa de desarrollo contempla una excepción a este principio general para las entidades locales, puesto que sujeta la utilización de fondos públicos para la prestación gratuita de servicios de comunicaciones electrónicas a límites temporales. En la Consulta, la CMT propone eliminar dicha restricción temporal y aplicar a cada situación la solución más ajustada. A juicio de este organismo, la modificación propuesta se sustentaría precisamente en que la Ley General de Telecomunicaciones no contempla ninguna restricción a la posible prestación gratuita de los servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas.
Adicionalmente, dada la extensión de la explotación de redes wi-fi y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas por todas las Administraciones Públicas, la CMT considera que podría resultar adecuado extender la aplicación de la regulación a todas las entidades públicas y no, como ocurre hasta el momento, únicamente a la Administración Local. El plazo para responder a la Consulta finalizará el próximo 3 de agosto (un mes después de la publicación en el BOE del anuncio de apertura del trámite de información pública).
