El Departamento de Ayuda a la Legalización (DAL) de la patronal Femete ha detectado más de 11.000 empresas en situación irregular vinculadas al metal y de las nuevas tecnologías desde el año 2000, de las cuales unas 1.500 eran totalmente ilegales. Por sectores de actividad, en torno al 86% son de automoción, un 7% de construcciones metálicas y un 1% de climatización, gas, aparatos a presión o instaladoras. Así se desprende del informe elaborado por esta patronal y que complementa el dato conocido ayer de que Canarias registra una tasa de economía sumergida superior al 27,9% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 11.205 millones de euros ocultos, según un estudio elaborado por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Incentivar la legalización o denunciar
Periódicamente, técnicos del DAL de Femete realizan visitas comerciales para incentivar de manera positiva a las empresas que ejercen su actividad bajo la ilegalidad a que la abandonen, informándoles de las ventajas derivadas de ello. En caso de no atender a dicho incentivo positivo, este cambia su signo y, de manera coercitiva, se les hace saber las consecuencias negativas derivadas de permanecer bajo la ilegalidad, procediendo incluso a la denuncia formal acerca del estado de dichas empresas.
Exactamente, el DAL de Femete valora los distintos aspectos y el cumplimiento normativo que tiene la empresa y se le asesorará de aquellos en los que debe ponerse al día. También soluciona cuestiones específicas que planteen esas empresas, trasladando la documentación necesaria a la autoridad competente para su resolución, apoyando a la empresa en todo el proceso.
En los casos donde la empresa decide continuar en su posición de ilegalidad y no atender a propuestas de corrección alguna, se procederá a tramitar denuncia de esta situación ante la Administración competente.
Los consumidores, también beneficiados
Indirectamente, el DAL de Femete contribuye a que afloren empresas clandestinas y que eso se traduzca en un incremento del PIB industrial y regional. También se disminuye el intrusismo y la competencia desleal, se fomenta la competitividad entre empresas, redundando sobre el consumidor, además de aumentar la seguridad industrial al respetarse la Ley de Riesgos Laborales y las normativas medioambientales.
Después del trabajo de campo realizado por el DAL, el cerco sobre las empresas ilegales se ha estrechado aún más y las posibilidades de detectar otras nuevas suponen un mayor esfuerzo de búsqueda y localización. Si bien, a consecuencia de la actual coyuntura económica, la presencia de empresas clandestinas ha proliferado, aunque no siempre son casos de ilegalidad, sino en ocasiones sólo la falta de algún trámite burocrático como la inscripción en el Registro Industrial o en el Registro de Productores de Residuos Tóxicos, etc.
Como conclusión, Femete destaca la “necesidad de proseguir con el servicio de ayuda a la legalización a través del DAL, pues la economía sumergida sigue siendo un problema básico, especialmente en sectores económicos como los relacionados con el metal, y por el valor añadido que este servicio supone para la sociedad canaria como solución a uno de sus problemas más graves, la economía sumergida, máxime en la actual coyuntura económica”. Asimismo, se resalta como factores susceptibles de mejora tanto la predisposición del empresariado que opera bajo cualquier tipo de irregularidad como la burocracia inherente a ésta por parte de la Administración.
