Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) creen que el aumento de la prescripción de cinco a diez años de determinados delitos fiscales aprobado en Consejo de Ministros, con el consiguiente endurecimiento de las penas de prisión de dos a seis años, es “un paso en la buena dirección para luchar contra el fraude, frente a la línea marcada previamente con la amnistía fiscal”.
No obstante,han matizado que esta modificación del Código Penal“debería hacerse extensiva a todos los delitos fiscales en lugar de limitarse a crear dos subtipos agravados para los delitos contra la Hacienda Pública en los que la cuantía defraudada supere los 600.000 euros o forme parte de grupos delictivos, así como en los delitos contra la Seguridad Social para las empresas fantasma“que simulan contratar a trabajadores para hacerse como prestaciones por desempleo”.
Junto a esta medida, Gestha ha apoyado también la atenuante en los delitos fiscales por ingresar lo defraudado o por colaborar con la Justicia, así como la facultad de Hacienda a no paralizar la recaudación de las cuotas defraudadas por un proceso penal en curso. En su opinión, “estos avances reducirán la alta tasa de insolvencias de las deudas o de las multas”.
Piden más contundencia
Los Técnicos reclamaron al Ejecutivo que “no baje la guardia contra los defraudadores en un momento de importantes recortes en gastos sociales y subidas impositivas”. En este sentido, insistieron en rebajar el umbral defraudado para considerar los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, así como extender la prescripción de diez años y el agravamiento de las penas de prisión y multa a todos los delitos fiscales, graduando en su mitad superior los fraudes más reprobables.
Asimismo, los Técnicos señalaron que “el agravamiento de las sanciones y de la prescripción penal también debería trasladarse al ámbito administrativo, ya que de lo contrario se estará aumentando una brecha injustificada entre las infracciones administrativas y penales”.
Divergencia gubernamental frente al fraude
Por otra parte, Gestha pidió al Gobierno que equipare las medidas destinadas a luchar contra la evasión fiscal y laboral. En su opinión, “es incomprensible que el umbral para considerar a algunos delitos contra la Seguridad Social se rebaje de 120.000 euros a 50.000 euros (como los fraudes a los presupuestos y fondos de la Unión Europea), mientras que el umbral para tipificar algunos delitos contra la Hacienda aumente de 120.000 euros a 600.000 euros”.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “este tipo de divergencias responden a los diferentes enfoques que los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, por un lado, y Empleo y Seguridad Social, por otro, mantienen en la lucha contra el fraude; divergencias que no se han unificado en el informe”.
