La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha mostrado su preocupación por la propuesta del Gobierno en el cambio de criterio del IVA porque cree que será contraproducente para las empresas a las que pretende beneficiar la medida, las que facturan menos de dos millones de euros al año. Según el presidente de la entidad, Antoni Cañete, “este colectivo, en su mayoría micropymes y pequeñas empresas, puede verse perjudicado por el hecho de que su potencial cliente pueda preferir contratar al resto de empresas que siguen funcionando con el tradicional criterio de devengo en vez de con el nuevo de caja, para así poder continuar pagando a su proveedor mucho después de comprar el producto o de recibir el servicio prestado. Esto es, las empresas que se acojan podrían perder clientes”.
Además, “parece ser que al final de año estas empresas deberían regular aquellos importes en concepto de IVA que finalmente no se hubieran liquidado por parte de los clientes y liquidando los pagos con Hacienda”, añade. La PMcM recomienda que el cambio de criterio del IVA se amplíe a todas las empresas independientemente de lo que facturen o, como mínimo, que se acote su calendario de aplicación. “Si el escollo hasta ahora eran los problemas técnicos, no se explica que la medida se dirija solo a unos pocos y deje fuera al resto”.
Propuesta alternativa: inversión del sujeto pasivo en el IVA
Si no se incluyeran a todas las empresas sin excepción, entonces “sería necesario implementar una de nuestras últimas propuestas que consiste en aplicar el principio de inversión del sujeto pasivo en la liquidación del IVA, para que sea el deudor moroso quien pague el IVA de la factura, como debería haber hecho de haber realizado el pago, no lastrando la tesorería del cliente, que además de no cobrar, en la actualidad se ve obligado a liquidar un IVA que no ha cobrado”, explica Cañete, quien ha podido hacerle entrega en mano al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de esta propuesta, que podría ser una solución factible para que todas las empresas no se vean obligadas a anticipar el IVA de las facturas que aún no han cobrado, unos 800 millones de euros anuales, según fuentes oficiales.
Esta iniciativa produciría una “incidencia inmediata” sobre la liquidez de los proveedores, ya que éstos no necesitarían anticipar un IVA no cobrado y, además, contribuirá a la reducción de los plazos de pago y del número de impagados, porque “el cliente preferirá adelantar el pago a tener que devolver a la Agencia Tributaria un IVA incorrectamente desgravado, incrementado además con los intereses de demora”, asegura Cañete.
En su primera impresión, Montoro manifestó que entiende que esta iniciativa “no podrá ser implementada técnicamente en este ejercicio con toda probabilidad”, pero que sin duda la analizará en profundidad para poder conversar sobre ella con la PMcM nuevamente en una próxima reunión.
Régimensancionador a AA.PP y empresas
En su conversación, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas señaló su intención de poner en marcha una ley antes de final de año para que las administraciones que no paguen a 30 días tengan que hacer frente a recargos por sus impagos. Ante este proyecto, la PMcM, que celebra dicho anuncio, quiso recordarle su propuesta de régimen sancionador entre empresas, que normalizaría los pagos con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros. ”De no hacerse extensiva la norma anunciada por el Gobierno al ámbito privado, volveríamos a dinámicas de demoras por parte de la asimetría entre los clientes y proveedores”, denuncia Cañete.
Otras propuestas
Además de sus principales caballos de batalla (el régimen sancionador, generalizar la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción y que el deudor sea el que pague el IVA de las facturas no cobradas), la PMcM propone implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.
Otros de los puntos clave son acabar con el trato de favor de los subcontratistas derogando el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley de Contratación Pública; que haya un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados; y crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país. “En España calculamos que de las 500.000 empresas (200.000 pymes y 300.000 autónomos) que han cerrado desde que se inició la crisis, al menos un tercio lo ha hecho debido a la morosidad”, concluye Antoni Cañete.
