Llevar Internet de alta velocidad a los pueblos, a las áreas apartadas o peor comunicadas es uno de los grandes desafíos en el ámbito de las comunicaciones actuales y futuras. Sin embargo, extender esa infraestructura no resulta tarea sencilla cuando aparecen viviendas diseminadas, orografía adversa o instalaciones obsoletas, entre otros aspectos. En esos posibles escenarios, como es lógico, el coste se dispara. Tanto, que “desplegar fibra óptica en zonas rurales es entre 10 y 15 veces más caro que hacerlo en ciudades”, según concretó el jueves pasado Xavier Viladegut, cofundador de Adamo.
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Trabajar en 800 poblaciones a la vez
“El entorno rural es mucho más complejo. Para hacerse una idea, baste el siguiente dato: sólo en el mes de julio, Adamo estaba cableando 40.000 viviendas de 800 pueblos al mismo tiempo. Lo cual da una idea del grado de dispersión de las localidades y de las casas que las forman”, señaló el también director de Despliegue de la compañía en las jornadas La nueva Ley General de Telecomunicaciones: retos y oportunidades, organizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Comunicación (COITT) con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales como lugar de celebración.
Subvenciones para la fibra rural
Fue precisamente la titular de ese organismo, María González Veracruz, quien inauguró el evento, que reunió la semana anterior a representantes de numerosas empresas del sector y en el que también se trató el papel de las ayudas públicas para que la España vaciada cuente con Internet de calidad. En ese sentido, Xavier Viladegut reconoció el papel clave de las mismas, dado que “sin ellas sería muy complicado llegar a determinados lugares”, poniendo en valor la colaboración público-privada. “Las ayudas son un tractor de inversiones, sin duda, si bien es verdad que los fondos propios que desembolsamos los operadores acaban superando, con mucho, lo que recibimos de la Administración para realizar el despliegue”, matizó.
Adamo, el elegido por las autoridades
Finalmente, el directivo recordó que “Adamo es el adjudicatario de referencia” en esos concursos, tal y como quedó demostrado en las convocatorias de 2020, 2021 y 2022 (en este último caso, la resolución es provisional). En total, más de 300 millones de presupuesto público-privado para instalar Internet de alta velocidad en 950.000 hogares rurales de 24 provincias.
