La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, ha presentado un estudio del que se desprende que tras la puesta en marcha del plan de pago a proveedores (que logró saldar deudas por 27.000 millones hasta 31 de enero de 2011), los impagos de las Administraciones Públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad.
Según el informe de la PMcM, realizado a partir de más de 700 encuestas a sus organizaciones asociadas, aunque el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13% por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló “todavía insuficiente ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Concretamente, las AA.PP. tardaron en 2012 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la Ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al que se estimó para el año anterior, que fue de 162 días. Por su parte, en 2012 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 93 días (frente a los 75 que establecía la Ley para ese año), lo que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días).
Datos del estudio de la PMcM han desvelado que el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo durante 2012 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días que establecía la Ley 15/2010 para ese año.
En esta línea, Cañete recuerda que tanto la Ley española como la Directiva Europea, que se implantará a partir de marzo, “obligan en este 2013 a las Administraciones Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente”.
El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 7%, lo que significó un estancamiento respecto a 2011 (7,1%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012. Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 80,8% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 15/2010, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún la desconozca”.
Ante esta situación, Cañete ha asegurado que “se hace más que necesario implementar las medidas previstas en la Ley y otras que hemos propuesto recientemente al Gobierno”. Por ejemplo, la semana pasada se reunió con el Ministerio de Hacienda para trasladarles una batería de propuestas. Entre otras, destaca una que trata de evitar el “fraude de ley” que permite a los contratistas de obra pública realizar legalmente pagos a sus subcontratistas y proveedores en plazos que superan los 250 días, amparándose en el apartado 5 del Artículo 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En este sentido, la PMcM solicita que los plazos de pago de los contratistas de la Administración con subcontratistas o suministradores, “no puedan ser, bajo ninguna circunstancia, superiores a los establecidos en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre después de las modificaciones introducidas por la Ley 15/2010 de 5 de julio (a partir de 2013 como máximo de 60 días)”.
Asimismo, propuso que pymes y autónomos no tengan que adelantar el IVA de facturas no cobradas, sino que sea el deudor el sujeto que liquide el IVA de las facturas que no ha pagado; establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros; la creación del Observatorio de la Morosidad, que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.
