Cada vez son mayores los esfuerzos por parte de las empresas por contar con un modelo de negocio y una actividad más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. En este sentido, surgen ciertas regulaciones que determinan aquellas compañías que llevan a cabo esta transición de una forma real y sostenida. Dichas legislaciones se conciben como una forma de estandarizar los aspectos que definen a las empresas como sostenibles, bajo el propósito principal de reorientar flujos de capital hacia el desarrollo sostenible, favoreciendo así a aquellas empresas que realmente dirigen su actividad a este propósito.
El Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea de 2018 está compuesto por 10 aspectos que siguen este objetivo. Uno de estos puntos de acción se ha traducido en la creación de un reglamento para definir unos criterios objetivos que sirven para clasificar, a través de una taxonomía, si una actividad económica que desarrolla una empresa es sostenible desde el punto de vista medioambiental. Esta normativa ha sido definida en la Comisión Europea por un conjunto de expertos técnicos en sostenibilidad financiera conocidos como TEG (Technicolor Expert Group on Sustainable Finance).De acuerdo con este reglamento, para que una actividad se considere sostenible debe cumplir obligatoriamente con tres aspectos que deben ser validados por una auditoría. En primer lugar, debe contribuir a uno de los seis objetivos medioambientales: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, protección del agua, economía circular, prevención de la contaminación, y la biodiversidad y ecosistemas. Además, no debe causar un daño significativo al resto de los objetivos que no cumple o no contribuye (DNSH – Do Not Significant Harm). Por último, debe cumplir con las garantías mínimas sociales basadas en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para la verificación de los dos primeros puntos, están definidos unos criterios de selección técnica que incluyen aspectos cuantitativos y cualitativos de obligado cumplimiento.La taxonomía se compone de una lista detallada de actividades económicas sostenibles (The EU Taxonomy) que han sido definidas para cada uno de los objetivos medioambientales y para cada uno de los macro sectores económicos existentes. Con ello, desde la consultora tecnológica Stratesys, mantienen la importancia de este listado a la hora de certificar si efectivamente una compañía es respetuosa con los diferentes parámetros necesarios para ser considerada sostenible.Según Mario Izquierdo, director del Centro de Desarrollo Sostenible de Stratesys, “con la taxonomía las empresas no podrán declarar como sostenibles aquellas actividades que no acrediten su cumplimiento, evitándose de este modo la práctica del Greenwashing o también denominado “blanqueo ecológico”, es decir, ser “verde” en la teoría, pero no serlo realmente en la práctica”. Asimismo, gracias a este sistema homogéneo, la taxonomía brinda de una transparencia que hace más accesible los datos medioambientales de empresas sostenibles, atrayendo en consecuencia un mayor flujo de capital hacia las mismas.Por otro lado, expertos de Stratesys apuntan a la tecnología como factor clave a la hora de extraer la información necesaria para este objetivo. “Gracias a herramientas tecnológicas, es posible extraer de la manera más automatizada posible toda la información cuantificable de las diferentes fuentes de datos, armonizarla y presentarla en los ratios o indicadores legales definidos por el reglamento. Así mismo, también habrá que tener en cuenta el seguimiento o monitorización de la información en la que se basan los criterios de selección técnica ya que el incumplimiento de estos hará que una actividad deje de considerarse como sostenible”, explica Mario Izquierdo.
