La deuda sin cobrar de Hacienda limita un gasto público sostenible

La Agencia Tribuataria apenas cobra el 17% de la deuda en ejecutiva.

Publicado el 14 Abr 2015

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Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) muestran su preocupación por tres aspectos destacados en el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la recaudación de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT), que limitan la sostenibilidad de los gastos públicos, como son el inaceptable aumento de la deuda tributaria pendiente de cobro, que llega a los 50.224 millones de euros, la alta litigiosidad cifrada en 10.607 millones –casi la mitad son anuladas por los tribunales- y la escasa eficacia de la recaudación ejecutiva.

El mismo Tribunal de Cuentas señala en su reciente informe de fiscalización que los resultados de las actuaciones de la AEAT no son suficientes para evitar el incremento de la deuda pendiente, pues las deudas que se cancelan cada año son inferiores a las nuevas que se incorporan, ya que apenas se cobra el 17% de la deuda en ejecutiva gestionada en los ejercicios 2012 y 2013, los últimos de los que se tiene datos.

Además, el Tribunal de Cuentas detecta otro de los puntos débiles en la recaudación tributaria de la que Gestha viene alertando desde hace tiempo y que constata que “de cada tres euros de la deuda pendiente se ingresa solo uno”.

La partida más relevante de la deuda pendiente en periodo ejecutivo es la deuda en gestión de cobro, que asciende a 20.433 millones en 2013, incrementándose un 23% en el período fiscalizado. La “deuda en gestión de cobro” recoge deudas con grave riesgo de impago, que se incrementaron durante los años de crisis económica, sin que la AEAT pudiera contener su crecimiento.

El TC considera que la AEAT no solo no ha cumplido su recomendación de octubre de 2010 de reducir la discrecionalidad en la adscripción de expedientes a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (DCGC), sino que la ha incrementado, y ello a pesar de la crisis provocada en noviembre de 2013 por los ceses de altos cargos de la AEAT, que se opusieron a injerencias externas para tratar de anular la sanción de 455 millones a Cemex, así como los nuevos ceses en la DCGC producidos en enero de 2015.

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Redacción TICPymes

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