Datisa considera que la adopción de la factura electrónica en los procesos comerciales de la Administración Pública supone importantes ventajas no sólo para el sector público sino también para las empresas privadas que intervengan en esos procesos.
Entre los principales beneficios que se apuntan destacan los siguientes:
– Aumentarán las posibilidades de participación de las pymes en los concursos de licitación en la Administración Pública ya que se reduce de manera significativa la carga administrativa.
– Se impulsará una gestión más eficaz en todas las relaciones entre la Administración Pública y sus proveedores del sector privado ya que se reducirán los tiempos de pago, se eliminarán los errores y la pérdida de consciencia sobre el estado de situación de cualquier factura.
– Se generará una mayor trasparencia en los flujos de información, algo que redundará particularmente en el mayor control para las tareas “recaudatorias”, tanto a nivel impositivo, particularmente del IVA, como de la gestión de los cobros de las facturas emitidas.
– Aumentará la protección de los proveedores en sus relaciones comerciales con las administraciones públicas ya que las facturas pasan a un registro administrativo en el que constará la fecha de emisión de las mismas, a efecto del devengo de los intereses que se pudieran ir generando como consecuencia de los retrasos en el pago.
– Mejorará el control contable de las facturas y eso implicará que las administraciones estén en mejor disposición que antes para cumplir los plazos de pago a sus proveedores.
Sin embargo, a día de hoy, las diferentes administraciones públicas españolas, se están adaptando a ritmos distintos a la nueva efactura, cuyo uso será obligatorio, a partir del 15 de enero de 2015.
El problema al que deben enfrentarse las empresas proveedoras de las administraciones públicas es que, a poco menos dos meses para hacer efectiva la obligación de operar con efactura en sus transacciones comerciales, lo cierto es que éstas últimas, aún no han completado la “puesta a punto”, algo que afecta a todas aquellas organizaciones, especialmente pymes, que habitualmente trabajan y facturan a diversas instituciones públicas.
Isabel Pomar, directora comercial de DATISA explica que “mientras que comunidades autónomas como La Rioja o la Comunidad Valenciana, han avanzado mucho en este aspecto, lo cierto es que hay otras que van todavía muy rezagadas. Esto genera mucha incertidumbre, respecto al modo en el que las empresas deberán actuar en los próximos meses”.
Por otra parte, aunque la Administración General del Estado propone a sus proveedores el portal FACe como punto de entrada común de las facturas electrónicas, pero lo cierto es que también se deja libertad para que los distintos niveles de la administración puedan proponer sus portales de recepción y gestión de factura electrónica.
