El 15 de enerode 2015, entrará en vigor en España la obligatoriedad de facturar de manera electrónica para todas aquellas empresas que trabajen como proveedores de la Administración Pública, así como para aquellas que presten servicios de “especial trascendencia económica”, por ejemplo, las de telecomunicaciones o suministro de agua, gas y electricidad.
La ‘Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público’ se aprobó en diciembre de 2013 y establece que los proveedores habrán de recurrir a una factura digital cuando vayan a pasar el documento de cobro por los servicios prestados a la Administración, siempre y cuando la cantidad supere los 5.000 euros. El objetivo es agilizar los trámites y facilitar así que los proveedores cobren antes por los servicios prestados, ya que actualmente la media supera los 61 días y, según estimaciones de Ametic, supondrá un beneficio neto anual de 51 millones y un ahorro de 2,3 millones en papel y de 250.000 horas en trabajo reiterativo.
Sin embargo, un reciente estudio deSeres señala que el 54% de los proveedores públicos aun no está preparado para la facturación electrónica y que, incluso, algunas entidades locales tampoco estarán listas para funcionar con este sistema el 15 de enero. Esto es así por la poca información a la que han tenido acceso las empresas, las cuales, en caso de incumplir esta nueva normativa se enfrentan a multas de hasta 10.000 euros.
Alfonso Lluzar, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, explica: “la puesta en marcha de la facturación electrónica y del registro contable, con el que se puede hacer un seguimiento de los compromisos de pago de la Administración, es muy positiva. Con ellos se reducirán sin duda las cargas burocráticas así como los tiempos de pago, y las empresas podrán llevar un mejor control de sus finanzas. Sin embargo, la falta de información puede llevar a que, sobre todo al principio, el sistema no funcione correctamente, perjudicando a los propios proveedores y a la sociedad en general”. Y añade, “en este sentido los gestores administrativos podemos ofrecer el asesoramiento adecuado a la hora de emplear los códigos de facturación establecidos por la Administración, evitando así retardos o duplicidades, y suministrar las pautas necesarias para solucionar las dudas que puede generar el hecho de que existan, aparte del punto central, puntos de acceso al sistema en varias comunidades autónomas”.
Por ello, e independientemente de si se es o no proveedor de la Administración, desde el Consejo General de Gestores Administrativos animan a “la implantación de la eFactura en todas las empresas, tanto por los beneficios que tiene para la propia compañía, como para las ventajas que supone para el cliente final. De esta forma, no sólo se facilita el acceso, control y seguimiento de las facturas, sino que se consigue un ahorro importante de tiempo y dinero”, concluye Lluzar.
