El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, el presidente de AEMA, Julián Fernández, y el gerente de Taxi AMIC, Rubersindo Izaguirre, exigieron a la Administración que ayude económicamente al sector profesional del taxi, para que éste pueda cumplir con el Real Decreto 1544/07 que dicta que el 5% de las licencias del territorio nacional tiene que ser de Eurotaxis, es decir, ser vehículos que cumplan las normas de accesibilidad que dicta la ley UNE.
Así, lo han manifestado los representantes de los taxistas en un acto celebrado en Madrid, y organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en el que Julio Sanz ha recalcado que “si hay alguien comprometido con la accesibilidad de los taxis, e interesado en dar este servicio, para que no se externalice, esos son los taxistas”. Sin embargo, ha recordado que “son profesionales autónomos, muchos de ellos ya hipotecados, que no pueden realizar inversiones de 40.000 euros que es lo que puede costar adquirir un vehículo adaptado según la UNE”.
Asimismo, un estudio sobre el estado de la situación del servicio de taxi accesible, elaborado por Fundación ONCE y el CERMI y presentado en esta misma jornada, señala que en los municipios en los que los ayuntamientos se han implicado, los taxistas han respondido y la cuota del 5% se está cumpliendo.
En este sentido, Julián Fernández, ha defendido que en el caso concreto de Madrid, “no se trata de que la Administración no tenga dinero, sino de que éste, está mal repartido”. De hecho, el Ayuntamiento ha destinado 878 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes; 100 millones de euros en el metro; y 25 millones de euros al servicio público de alquiler de bicicletas.
Además, según ha asegurado, uno de los artículos del Real Decreto 1544/07, señala que durante el primer año tras su aprobación, las Administraciones debían establecer planes para fomentar su cumplimiento.
Por otra parte, Julio Sanz ha señalado que “más que fijarnos en porcentajes, deberíamos fijarnos en si los servicios solicitados por personas con discapacidad se ven cubiertos o no, para no encontrarnos con una flota de taxi adaptados, con la respectiva inversión que supone, que sea superior a la demanda” .
