La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, regula una serie de medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. En concreto, ofrece a las pymes españolas la oportunidad de actualizar sus balances para contrarrestar la depreciación de sus inmovilizados provocada por la inflación.
El proceso de Actualización de Balances puede aportar a la empresa tres grandes beneficios:
o La empresa y sus activos valen más.
o La revalorización puede traducirse en dividendos para los socios.
o Obtención de ingresos gracias a la rentabilidad fiscal.
Esta es una iniciativa que suele darse con poco frecuencia -la última vez fue hace 15 años-, y como resulta una medida ventajosa no hay que dudar en aprovecharla. Sin embargo, un gran número de empresas está dejando pasar esta oportunidad de participar en el actual proceso de Actualización de Balances debido, fundamentalmente, al desconocimiento sobre la conveniencia de acudir a esta iniciativa y a unos plazos de tiempo demasiado ajustados para acogerse a la misma.
Así lo advierten desde Datisa, que especifican que dos son los factores principales que están haciendo que muchas de las pymes que podrían conseguir beneficios fiscales actualizando sus balances no se planteen acudir al proceso. “Por una parte, las empresas no se sienten con la capacidad suficiente para realizar los cálculos necesarios de forma precisa con el fin de decidir la conveniencia de acudir o no a la actualización. Por otra, no se sienten capaces de llevar a cabo esta actualización en un plazo de tiempo menor que en otras ocasiones, ya que habrá que hacerlo antes del próximo 30 de junio en caso de ejercicio natural”, explican.
Según esta compañía española especializada en el desarrollo y comercialización de software ERP, participar en el proceso de Actualización de Balances es una oportunidad para todas las empresas que intuyan que sus inmovilizados se contabilizan en sus cuentas con valores por debajo de lo que realmente cuestan en el mercado y, especialmente para organizaciones con un alto volumen patrimonial en inmovilizados, como pueden ser maquinaria o inmuebles. También para empresas que tengan inmovilizados amortizados con vida superior a 12 años y, por fin, para grupos de empresas con distintas sedes o constituidos tras una fusión que no tienen completamente identificados sus inmovilizados y las características de su amortización.
No obstante, la Actualización de Balances es una oportunidad que no resulta necesariamente ventajosa para todas las empresas, por lo que antes de ponerse en marcha resulta necesario llevar a cabo un profundo y detallado análisis de la situación de cada una de ellas, sopesando las ventajas e inconvenientes que puede tener tomar esta decisión económica, que es irreversible.
Es un escenario complejo en el que los métodos tradicionales de cálculos de amortizaciones y el uso de las hojas de cálculo no aseguran la precisión necesaria que demanda tomar una decisión tan transcendental para el recorrido de las empresas a corto, medio y largo plazo. Sin hablar del coste laboral que puede suponer invertir más personal y tiempo en realizar estas labores. Por todo ello, muchas organizaciones han preferido no “mover ficha” y no abordar el proceso de actualización.