Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) lamentan que el nuevo Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicado este martes en el BOE sea “poco ambicioso” en sus objetivos, y la ausencia de cambios organizativos y de la selección de contribuyentes no lograrán reducir la economía sumergida (que asciende al 24,6% del PIB), y acabar con la sensación de impunidad de quienes defraudan.
En este sentido, explicaron que el objetivo de prevención y control del fraude previsto para 2015 en un máximo de 11.300 millones, se superará como ocurre tradicionalmente, pues el objetivo previsto para 2015 es inferior en mil millones a los resultados logrados en 2014 por la Agencia Tributaria (AEAT), ya que ascendieron a 12.318 millones.
Aún con ello, Gestha recordó que en 2014 fue el mejor de los años de la AEAT, pese a lo cual los resultados representaron un 23% de la evasión fiscal estimada, es decir que el 77% del fraude fiscal estimado en nuestro país quedó impune a pesar de los resultados récord obtenidos por Hacienda.
El motivo de esta falta de eficacia reside, según el colectivo, en varios motivos: la inexistencia de estudios oficiales de economía sumergida, una organización tributaria antigua y poco adaptada a los cambios sociales y económicos, la falta de personal dedicado a la lucha contra la economía sumergida, la vigencia de una normativa que permite eludir legalmente el pago de impuestos y lo mal enfocada que se encuentra la lucha contra el fraude.
A este respecto, destacaron que actualmente el 80% de la plantilla se centra en perseguir los pequeños fraudes e irregularidades de autónomos, pymes y trabajadores o pensionistas, mientras que solo el 20% de la plantilla persigue el fraude más cuantioso y sofisticado de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y multinacionales, responsables de casi las tres cuartas partes del fraude en España.
No en vano, Gestha señala que si se aumentara la responsabilidad y competencias de los Técnicos de Hacienda y de los demás colectivos implicados en la lucha contra el fraude y se pusieran en marcha medidas más contundentes, como la prohibición de los pagos en efectivo por encima de los mil euros o el establecimiento de un límite máximo del 5% en la participación de las SICAV. Los resultados de recaudación podrían aumentar a medio plazo en cerca de 8.200 millones de euros anuales adicionales a los objetivos marcados.
