El Consejo de Gobierno ha aprobado la imposición de tres sanciones a la empresa Telefónica de España, SAU, con un importe total de 870.000 euros, por otras tantas infracciones de carácter muy grave relacionadas con la realización de publicidad engañosa, introducción de cláusulas abusivas en contratos y no atender los requerimientos efectuados por la Administración. Asimismo, el Ejecutivo establece el comiso del beneficio ilícito obtenido por la compañía como consecuencia de estas prácticas, que ha sido cuantificado en 5,36 millones de euros.
El expediente ahora resuelto tiene su origen en varias reclamaciones realizadas ante la Junta en 2015 por la subida injustificada de las tarifas del producto Movistar Fusión, vigente desde septiembre de 2012. El Servicio de Consumo de Huelva desarrolló actuaciones para analizar el contenido y alcance de la campaña publicitaria de este servicio, en la que aludía a “precios para siempre”.
Como resultado de estas investigaciones, quedó probado que Telefónica de España realizó publicidad engañosa, con la agravante de reiteración, infracción que se sanciona con 350.000 euros. Asimismo, la empresa introdujo cláusulas abusivas en los contratos en perjuicio del consumidor y usuario, lo que conlleva una sanción de 220.000 euros, y no atendió los requerimientos efectuados por la Administración (300.000 euros).
De acuerdo con la legislación autonómica de consumo, las tres infracciones se sancionan en la mitad superior de las tipificadas como muy graves, al haberse cometido de forma voluntaria y continuada, tener una alta repercusión en el mercado, afectar a un gran número de personas y estar vinculadas a servicios de uso ordinario y generalizado. A estas circunstancias agravantes se añade también la derivada de que la empresa cometió las infracciones valiéndose de su posición dominante en su sector.
El sector de las telecomunicaciones, que incluye servicios como telefonía móvil y fija, internet, mensajería o televisión digital terrestre, es uno de los que aglutina mayor número de quejas y reclamaciones en la comunidad autónoma. Desde enero de 2015 hasta la fecha se han presentado 9.487, lo que supone un 21% de las 44.762 tramitadas en materia de consumo.
Por las irregularidades e incumplimientos detectados en estas operadoras, Consumo ha resuelto 392 expedientes sancionadores entre enero de 2015 y el 23 de diciembre de este año, con una cuantía global de más de 2,87 millones de euros.
